Mientras la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena pidió en el pleno de la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) que se busquen sanciones para la Secretaría de Infraestructura (SI) por actuar con dolo al momento de responder a las solicitudes de información, Federico González Magaña defendió una vez más a las instancias gubernamentales por su forma de actuar.

En la sesión de este miércoles se discutió un recurso de revisión referente a una solicitud hecha por un ciudadano a la SI, en la que requerían copias digitalizadas de los acuerdos de reserva de información firmados entre agosto de 2012 y febrero de 2013, periodo en el que José Antonio Gali Fayad todavía encabezaba la dependencia.

En primera instancia, la dependencia respondió que no tenía estos documentos digitalizados, por lo que las versiones impresas se ponían a su disposición en las instalaciones de la secretaría, ante lo cual el recurrente presentó el recurso de revisión.

Cuatro meses después de haber asegurado que no se contaba con la información en medios electrónicos, la Unidad de Acceso a la Información (UAI) de la dependencia proporcionó estos documentos vía correo electrónico.

Si bien el recurso fue sobreseído, Ibarra Cadena solicitó de manera pública dar vista al órgano de control interno correspondiente para que se sancione a los funcionarios responsables de la UAI, por haber actuado de manera negligente al no entregar la información desde el momento que fue solicitada.

Sin embargo, González Magaña, quien fue el responsable de presentar el caso en el pleno de la comisión, señaló que al no conocerse el fondo de la respuesta proporcionada, no se puede pedir ningún tipo de sanción.

Ambos comisionados se enfrascaron en un alegato durante la sesión, en la cual la ex presidenta pedía sancionar a la dependencia por acciones dilatorias, mientras que el integrante más reciente del órgano de transparencia defendía a la Secretaría al señalar que este tipo de respuestas tardías están justificadas en la ley.

Por su parte, Javier Fregoso Sánchez, comisionado presidente de la CAIP, evitó dar una postura al respecto bajo el argumento de que este tema tendrá que ser analizado por el área jurídica del organismo.

Fregoso Sánchez anunció que, ante este tipo de estrategias que han implementado algunos sujetos obligados para entregar la información solicitada de último momento, la coordinación jurídica de la comisión se encuentra en proceso de revisión del reglamento de transparencia, para establecer mecanismos que eviten estas medidas dilatorias.

Secretaría de Transportes oculta información sobre Rueda

Otro de los expedientes presentados ante el pleno fue uno referente a dos solicitudes de información presentadas a la Secretaría de Turismo, en las cuales se solicitaban los estudios de impacto ambiental, urbano y turístico de la Rueda de Observación cuando el proyecto estaba considerado para el Paseo Bravo.

La dependencia informó a la recurrente que la información era responsabilidad de la Secretaría de Transportes, por lo que sugería pedir los datos a ésta, además que al no haberse detonado el proyecto en el Paseo Bravo no se contaba con el estudio de impacto turístico solicitado.

Fue la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena quien estudió el caso, por lo que envió cuatro solicitudes a la ST para que se informara si existía alguna comisión interdisciplinaria para el desarrollo del proyecto de la Rueda de Observación. Sin embargo, en las cuatro ocasiones que se pidió esta información, la dependencia notificó que todo lo relacionado con esta obra está clasificado como reservado.

Ibarra Cadena indicó, durante la sesión del pleno, que la CAIP, al ser el órgano garante de la transparencia en el estado, está facultada para acceder a información reservada, lo cual fue detallado en las solicitudes que se presentaron ante la ST; pese a esto, la secretaría se negó a entregar los documentos solicitados.

Fue hasta que se hizo una diligencia de manera personal a la secretaría como se proporcionaron los datos, y se notificó que si bien no hay una comisión establecida para el proyecto de la Rueda de Observación, sí se tiene colaboración con otras dependencias.

También se dio a conocer que los estudios de impacto que se realizaron para la obra del mirador, el cual se ubica en Angelópolis, fueron elaborados por empresas privadas y avalados por las dependencias correspondientes.

Como parte de esta discusión, se determinó que si bien la Secretaría de Turismo no tenía los datos que fueron solicitados, amplió el plazo para la entrega de la información requerida, pese a que no se cumplían con los requisitos que marca la ley.

Por lo tanto, los comisionados aprobaron por unanimidad notificar esta situación al órgano de control interno para que se implementen las sanciones que se consideren necesarias.

Ésta es la primera vez, en lo que va de 2013, que se aprueba la sanción a alguna dependencia del gobierno estatal por no cumplir de manera puntual con las obligaciones de transparencia.

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