Integrantes de la Unidad Popular (UP), han recibido amenazas tras exigir justicia sobre al reciente caso del secuestro y asesinato de tres de sus colegas.  Amnistía Internacional teme que sus vidas estén en riesgo.

UP es una organización recientemente formada en Iguala, Estado de Guerrero, que hace campaña y canaliza apoyos en favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha respaldado al movimiento de maestros en el Estado de Guerrero.

El 3 de junio se encontraron junto a una carretera cercana los cadáveres de Arturo Hernández Cardona, Ángel Román Ramírez y Félix Rafael Bandera Román, integrantes de esta organización, ellos tenían los ojos vendados y señales aparentes de tortura. La Procuraduría General del estado de Guerrero ha iniciado una investigación, pero las sospechas sobre la implicación de las autoridades locales en los secuestros y asesinatos han hecho que los activistas de UP pidan que la investigación la lleve a cabo la Procuraduría General de la República (PGR).

El 2 y 4 de junio, miembros de UP denunciaron hacer sido vigilados y seguidos, en dos ocasiones diferentes, por hombres en vehículos. El 8 de junio, un líder de UP, Justino Osores Narciso, recibió una nota anónima en la que advertían a la organización de que cesara en sus actividades. El 17 de junio, la esposa de Arturo Hernández Cardona y activista de UP, Sofía Lorena Mendoza, denunció que unos autos sospechosos la habían seguido cuando se dirigía a una reunión con autoridades gubernamentales. El 19 de junio, Bertoldo Martínez Cruz, activista político local vinculado a UP que había estado en contacto con los supervivientes, recibió en su casa una llamada telefónica amenazadora.

Amnistía Internacional hace un llamado urgente las autoridades para que estas garanticen la seguridad de quienes integran la UP - Justino Osores Narciso, Sofía Lorena Mendoza y Bertoldo Martínez Cruz - y de sus familias.

Asimismo, la organización solicita que se lleve a cabo una investigación inmediata, completa e imparcial con relación a  las amenazas contra activistas y simpatizantes de UP, y que los responsables de esos hechos comparezcan ante la justicia.

Amnistía Internacional reitera también su llamado a que se investigue efectivamente  el secuestro y asesinato de Arturo Hernández  Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez, que garanticen la seguridad de los supervivientes Héctor Arroyo Delgado, Efraín Amates Luna, Gregorio Dante Cervantes y Nicolás Mendoza Villa, que hagan públicos los resultados de la investigación y que hagan rendir cuentas a los responsables de estos actos.

Información adicional

La Unidad Popular (UP) es una organización recientemente formada en Iguala, estado de Guerrero, que hace campaña y capta apoyos en favor de proyectos sociales y recursos para las comunidades indígenas locales. También ha respaldado al movimiento de docentes en el estado de Guerrero.

Arturo Hernández Cardona lleva 15 años haciendo campaña en favor de los pueblos indígenas locales del estado de Guerrero. Entre otras cosas, ha pedido que se haga justicia en el caso de la masacre de El Charco, perpetrada en 1998.  Además, él y otros miembros de UP presentaron el 29 de mayo una denuncia formal contra el alcalde y otras autoridades municipales por corrupción y acoso contra los miembros de UP.

En los últimos años México se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo y defender los derechos humanos. Solo en 2012 al menos seis periodistas fueron asesinados y muchos otros hostigados o amenazados. Amnistía Internacional considera que la situación de peligro persistirá mientras las personas responsables de estos ataques, incluyendo los casos en los que haya funcionarios públicos implicados, no rindan cuentas ante la justicia y se mantenga así la casi absoluta impunidad.

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