El diputado Alfredo Rivadeneyra Hernández (PAN), integrante de la Comisión de Juventud, impulsa una iniciativa para reformar la Constitución Política y la Ley del INFONAVIT, con el objetivo de otorgar financiamiento a los trabajadores afiliados o sus familias para que puedan estudiar el nivel medio con especialidad tecnológica, o el superior, en caso de que nos les interese un crédito para vivienda.

Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) de 2009, en México sólo el 18.8 por ciento de la población económicamente activa tiene educación superior, es decir, estudios de normal, técnicos universitarios, licenciatura, maestría o doctorado.

Además, el promedio de edad en que las personas dejan de estudiar es a los 18 años, y el 50.46 por ciento de las personas que no continuaron sus estudios se debió a motivos económicos.

A través de una iniciativa, suscrita también por los diputados Adriana González Carrillo y Luis Alberto Villarreal García, del PAN, y turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Vivienda, el legislador mencionó que de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP) la cobertura a nivel superior en México pasó de 2.5 millones de alumnos en el 2000 a más de 3 millones en 2011.

El legislador comentó que la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior en México (ANUIES) ha marcado una cobertura de 48 por ciento para 2020, con una matrícula de más de 5 millones de estudiantes, lo cual implicaría el doble de estudiantes a nivel superior y por tanto un financiamiento mayor.

Rivadeneyra Hernández señaló que de acuerdo al Plan Financiero 2013 – 2017 del INFONAVIT, se espera que a partir de este año y hasta 2016, el nivel de créditos solicitados ascienda a 580 mil. Una vez abatido el rezago, a partir de 2017, podría reducirse a un promedio de 380 mil créditos por año, de los cuales 26 por ciento correspondería a usos secundarios.

Con ello, agregó, la demanda de crédito será menor que la capacidad de otorgamiento, con lo cual se comenzarán a acumular excedentes de liquidez.

Precisó que a partir de 2017, el INFONAVIT tendría aproximadamente un sobrante de liquidez equivalente a 200 mil créditos hipotecarios (alrededor de 60,000 millones de pesos anuales) que deberán ser destinados a otra actividad.

Consideró que, por un lado, existirán recursos disponibles para financiamiento y, por otro, un mayor número de personas en edad educativa. Por ello, dijo, se debe permitir que el INFONAVIT otorgue préstamos para la educación de los familiares de los derechohabientes.

“Si bien, siempre se necesitará financiamiento para la vivienda de los nuevos hogares que se formen a lo largo del tiempo, lo cierto es que una gran parte de los derechohabientes ya han solventado sus necesidades, por lo que a partir de 2017 el INFONAVIT tendrá un sobrante de liquidez derivado de créditos que pueden ser otorgados pero que nadie demandará”, indicó el diputado.

Por ello, propuso reformar los artículos 123 de la Constitución Política y el 3º y 42 de la Ley del INFONAVIT, cuyo propósito sería permitir que el derechohabiente que no quiera utilizar su crédito para vivienda, lo pueda hacer para su educación o la de sus familiares. Dicho financiamiento se otorgaría para programas calificados por la Secretaría de Educación Pública como de alta absorción laboral.

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