Seis de los 17 ediles auxiliares de la capital poblana reprobaron la propuesta para que los servicios del Registro Civil sean manejados únicamente por el gobierno estatal, pues generaría descontento social al dejar a las juntas auxiliares sin recursos en apoyo a gestiones sociales como graduaciones escolares, fiestas religiosas o condonación de trámites.

Por su parte, Eduardo Alcántara Montiel, titular de la Secretaría de Gobernación Municipal avaló la iniciativa gubernamental al considerar que mejoraría el servicio dando mayor transparencia al uso de recursos y homologando tarifas, pues dijo que existen quejas por cobros excesivos contra autoridades de La Libertad, San Baltazar Campeche, Ignacio Zaragoza y San Felipe Hueyotlipan.

El pasado jueves Luis Maldonado Venegas, secretario General de Gobierno, adelantó la petición próxima al poder legislativo para que los servicios del Registro Civil, como expedir y corregir actas de nacimiento, órdenes de inhumación, formatos de reconocimiento de hijos, entre otros, dejen de formar parte de las obligaciones de los 217 municipios y sean transferidas al Gobierno Estatal con la finalidad de mejorar la atención a la ciudadanía.

Los ediles de auxiliares de Ignacio Romero Vargas, San Baltazar Tetela, San Francisco Totimehuacan, San Sebastián de Aparicio, Santa María Xonacatepec y la responsable del Registro Civil de San Felipe Hueyotlipan, lamentaron que se busque acortar más las funciones de las juntas auxiliares.

Los seis coincidieron que lo más sano sería que parte de las contribuciones a cobrar el Gobierno del Estado pasen a gestión social a cada una de las demarcaciones, con el propósito de responder a las peticiones de apoyo que tradicionalmente son otorgadas a la población.

Los alcaldes auxiliares de San Francisco Totimehuacan, San Sebastián Aparicio, Artemio Pacheco Serrano y Martín Tomas Rodríguez, respectivamente, señalaron que prácticamente los están dejando como figuras decorativas y pero con obligaciones como responder a las demandas populares.

Ambos consideraron un error porque la autoridad estatal desconoce el "pulso" de las necesidades de cada comunidad, así como los usos y costumbres relacionados con los apoyos ofertados durante el año.

Pacheco Serrano expuso si bien el recurso recabado por los servicios del Registro Civil no es tan significativo, viene a solventar apoyos como el cierre de cursos en algunas escuelas, asistencia solidaria para misas o velorios e incluso hasta para mantenimiento de áreas comunes.

"Prácticamente quieren poner al edil auxiliar como una figura pintada que le dan la legitimidad legal pero con poco margen de maniobra", acusó.

El edil auxiliar de San Sebastián Aparicio detalló que los recursos dados a cargo del ayuntamiento son insuficientes para realizar gestoría social, motivo por el cual se hace uso de una parte del dinero del Registro Civil, "nos dejarían con las manos vacías y no hablamos en materia económica sino de asistir a los ciudadanos".

Coincidió con el alcalde de San Baltazar Tetela, Pedro Morales Maravilla en el sentido de generar inconformidad social al quedar cancelada la asistencia a madres solteras, a fiestas patronales, fin de año y Navidad.

"La pregunta es si el gobierno estatal o el Ayuntamiento estarán en la dinámica de responder a los trabajos de gestoría que hacemos actualmente", cuestionó Morales Maravilla.

Al igual que sus compañeros, los alcaldes auxiliares de Ignacio Romero Vargas y de Santa María Xonacatepec, Gabriela Ruiz Benítez y José Merino Coba, respectivamente, coincidieron en solicitar la firma de un convenio o acuerdo entre Gobierno del Estado y los 217 municipios, con la finalidad que haya una partida especial a favor de las juntas auxiliares.

Pidieron no dejar desprotegidas las juntas auxiliares porque tienen un valor significativo en gestión y apoyo social, esperando que los diputados locales analicen esta petición cuando les llegue la iniciativa de reforma enviada por el ejecutivo estatal.

María del Refugio Herrera Ortiz, responsable del Registro Civil en San Felipe Hueyotlipan, solicitó no reubicar o quitar las instalaciones en funciones en caso de darse el cambio administrativo del municipio al estado, pues las personas de comunidades lejanas a la capital, les sería imposible trasladarse a realizar sus trámites.