Las unidades habitacionales (UH) de San Bartolo, San Ramón, La Margarita y Bosques de San Sebastián corren riesgos de aglomeraciones, accidentes y hasta la pérdida de vidas ante eventualidades sísmicas o climatológicas, ya que carecen de un plan de contingencia.

Según el estudio "Riesgos en zonas habitacionales de la ciudad se Puebla", elaborado por el Tecnológico de Monterrey, las cuatro unidades habitacionales (UH) son las que más concentración de población presentan en la ciudad.

Estas zonas son calificadas como vulnerables, ya que no cuentan con ningún proyecto de evacuación.

El reporte detalla que todos los inmuebles son vulnerables ante un sismo de grandes magnitudes, pero son las unidades habitacionales, junto con los centros comerciales y las instituciones de educación, las que presentan un mayor riesgo.

Pero, a diferencia de las UH, los centros comerciales y escuelas sí cuentan en su mayoría con proyectos adecuados para evacuar a las personas y evitar daños mayores.

El análisis destaca que  es primordial que este tipo de espacios cuente con lugares en donde los ciudadanos puedan salvaguardarse de posibles peligros en un sismo, como la caída de postes, espectaculares o los propios derrumbes de los edificios donde habitan.

De acuerdo con el estudio, las familias que habitan unidades habitacionales no saben qué hacer en caso de una contingencia y tampoco tienen un plan conjunto con vecinos.

El resto de la entidad, sin atlas de riesgos

A decir del director de Ingeniería Civil del Tec de Monterrey, Alejandro Pérez Villaseñor, el problema se extiende a toda la entidad, pues se carece de un atlas de riesgos actualizado e integral para enfrentar contingencias.

Señaló que existen diferentes atlas, pero están limitados, por lo que es necesario uno que contenga toda la información y permita a los pobladores tomar decisiones en momentos difíciles.

Existen atlas de riesgos elaborados por particulares que sirven a  las aseguradoras para dotarlas de información que les permite calcular sus primas, pero no son documentos públicos.

Al finalizar, Pérez Villaseñor señaló que se requiere reunir toda  la información y hacer un atlas de riesgo para todos en el que las autoridades estén apoyados en organismos ciudadanos e instituciones.