Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, adelantó que habrá una gran cantidad de Amparos en contra de la Ley 3 de 3.

El Congreso de la Unión aprobó que los empresarios que reciben dinero del gobierno realicen sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses, y que sean públicas.

Reconoció que el binomio de la corrupción lo componen un funcionario y un particular, pero que la decisión que tomó el Congreso no está basada en un estudio profundo.

“La idea de hacer obligatoria la declaración ‘3 de 3’ para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales. Lo que busca es que se activen amparos en contra de la ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”, dijo.

El panista precisó que el inciso b del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas pretende descarrilar el movimiento cívico que impulsa la Ley 3 de 3, pues las declaraciones no serán una obligación de la clase política sino un mero trámite para becarios, pensionados y beneficiarios de programas sociales.

Afirmó que la nueva legislación se le aplicará a 35 millones de personas, los cuales podrían ser beneficiarios de Prospera y Proagro, pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex y becarios de Conacyt.

“Lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”, dijo.

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