Los dirigentes del Consejo Democrático Magisterial Poblano (CDMP), Miguel Guerra Castillo, Gilberto Maldonado Maldonado y Gamaliel Ávila, quedaron en libertad absoluta luego de que se decretó  la extinción de la acción penal que se les había fincado por el delito de ataques a las vías de comunicación por el cierre de la autopista México-Puebla, en septiembre de 2013.

Al recibir la notificación de libertad absolutoria, decretada por el Juzgado Segundo de Distrito, Miguel Guerra Castillo, señaló que nunca hubo delito y que la persecución política que sufrieron fue un intento de frenar el movimiento contra la reforma educativa.

El abogado Hugo Marín Ruíz precisó a medios de comunicación que el día de hoy se cumplió el término que la ley concede sin que la parte acusatoria haya presentado recurso contra el auto de sobreseimiento de la causa  penal   278/2015.

“En tal  virtud,  se declara  que dicha    resolución  ha causado estado, surtiendo  efectos de una  sentencia  absolutoria  con  valor de cosa   juzgada”, precisó.

El defensor explicó que el Juzgado Segundo de Distrito notificó la cancelación  de los antecedentes  penales,  ficha  signaléctica  y estudios de personalidad a los  enjuiciados.

A mediados junio de 2015, el profesor Miguel Guerra salió de prisión, en la que permaneció tres días, pues fue el único detenido en el proceso que compartieron Gilberto Maldonado y Gamaliel Ávila y que les hizo desembolsar 116 mil pesos a cada uno, más multas y recargos que variaron.

Esta cantidad buscaba la restitución a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) por la toma de la caseta y la pérdida económica registrada tras la manifestación en la que participaron miles de maestros, calculando el daño patrimonial en 350 mil pesos.

Será mañana cuando los maestros acudan a recoger las fianzas saldando así la situación jurídica que siempre fue interpretada por los docentes como una persecución política.

Hasta este momento, Miguel Guerra calcula que la acusación por el delito de ataques a las vías de comunicación contra profesores que participaron en movilizaciones puede alcanzar a media centena de docentes. Ocho profesores en Oaxaca están en este momento presos por ese señalamiento y en Querétaro  Rosa María Córdoba y Manuel Gerónimo, entre otros, también están acusados.