El senador priista, Gerardo Sánchez García propuso eliminar los requisitos actuales que las asociaciones civiles deben cumplir para ejercer acción y demandar judicialmente los daños causados al medio ambiente.

La iniciativa del legislador plantea reformar el artículo 28, fracción IV, de la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, que actualmente establece  que las organizaciones únicamente pueden ejercer acción penal en contra de aquellas personas que han ocasionado directa o indirectamente un daño al ambiente si representan a habitantes de la comunidad donde se produjo el hecho, y que además hayan demostrado estar legalmente constituidas por lo menos tres años antes de la presentación de la demanda.

Consideró que las disposiciones, antes mencionadas, limitan a la sociedad para ejercer acciones relacionadas con la conservación y preservación del medio ambiente, de ahí, la importancia de perfeccionar el marco jurídico que facilite las acciones legales correspondientes para exigir cuando sea necesaria la reparación de los daños causados al ambiente.

Sánchez García planteó la necesidad de crear políticas públicas en la materia, pues dijo que la conservación de recursos naturales y del entorno son vitales para garantizar la calidad de vida de la ciudadanía y asegurar la supervivencia digna de las generaciones presentes y futuras.