En la sesión pública que se realizó la noche del domingo, los magistrados precisaron que el medio de impugnación se presentó fuera del plazo de tres días que permite la ley electoral.

 

Jiménez Hernández, exfuncionario del Ayuntamiento de Puebla, se inconformó porque en la cédula de formato de apoyo ciudadano que aprobó el Consejo General de Instituto Electoral del Estado (IEE), se exige que se incluya el nombre y domicilio de los ciudadanos que den su respaldo.

 

Sin embargo, en el estudio que el magistrado Fernando Chevalier Ruanova hizo de la queja, advirtió que el aspirante a candidato independiente tuvo conocimiento desde el 12 de febrero del contenido de la cédula del formato de apoyo, por lo que tuvo hasta el 15 de mismo mes para promover el recurso de apelación, aspecto que no cumplió, por lo que el procedimiento se desechó por extemporáneo.

 

 

De haber continuado en el proceso de recolección de las 127 mil 558 firmas de apoyo  ciudadano, Ricardo Villa Escalera sería el segundo aspirante a candidato independiente al que el IEE tampoco le exigiría cumplir con el principio de territorialidad y la entrega del disco compacto que contuviera la información digitalizada del respaldo ciudadano.

 

Al igual que Ana Teresa Aranda Orozco, Villa Escalera promovió un juicio de protección para los derechos político-electorales en contra de la convocatoria para el registro de aspirantes a candidatos independientes.

 

La sentencia que favorece al exmilitante de PAN se da dos semanas después de que anunció su declinación y que se sumaba al proyecto de Ricardo Jiménez Hernández.

 

 

Al declararse la inexistencia de los supuestos actos anticipados de precampaña, el pleno del TEEP desechó la queja que el Partido Acción Nacional (PAN) y Marcelo García Almaguer, delegado de Comité Ejecutivo Nacional (CEN) en Puebla, presentaron en contra de Alberto Jiménez Merino, delegado de la Sagarpa.

 

En la ponencia del magistrado Chevalier Ruanova se precisó que las notas periodísticas que los promoventes presentaron en contra del priísta no pueden considerase como pruebas de un acto anticipado de precampaña, ni tampoco que las reuniones que el funcionario federal celebró con beneficiarios de la delegación tuvieran la intención de influir en el proceso electoral.

 

La sentencia precisa que en los cartones con semillas que distribuyó Jiménez Merino con su nombre no se hizo un llamado al voto, ni se pretendió promocionar al priísta en el proceso interno de su partido.

 

 

El Instituto Electoral del Estado tendrá que reponer el procedimiento que iniciaron Luis Benavides y Armando Etcheverry Beltrán, en el cual solicitaron consultar al órgano electoral si la promoción que Dinorah López de Gali como presidenta del Sistema Municipal DIF,  pretendió favorecer a su esposo Antonio Gali Fayad.

 

Para el magistrado Jorge Sánchez Morales, quien se encargó de analizar el juicio interpuesto por los integrantes de la organización Opción Ciudadana, fue incorrecta la manera en la que Jacinto Herrera Serrallonga, presidente de IEE, respondió a la petición.

 

El caso se atendió en una reunión de mesa de trabajo en la que no se precisó cuántos consejeros participaron, situación por la que se tendrá que reponer el procedimiento y la respuesta a los ciudadanos deberá darse en una sesión del Consejo General.