“El mandato para todas las instituciones de educación superior públicas y privadas es la formación de ciudadanía, por ello es imperativo proponer esquemas de formación de profesionistas comprometidos con su entorno” destacó el rector de la Upaep, Emilio José Baños Ardavín, al participar en las mesas de debate “La Legislación Mexicana de Educación Superior”, que tuvieron lugar en la antigua sede del Senado y que fueron convocadas por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Secretaría de Educación Superior.

En estas mesas de diálogo, senadores, autoridades educativas y rectores de universidades públicas y privadas compartieron sus posturas a fin de que las leyes del país integren una legislación y una política pública que responda a las necesidades educativas del país.

Entre las coincidencias, los representantes de las distintas universidades y funcionarios públicos destacan la urgencia de una legislación que regule la actividad académica en el nivel superior que cumpla con los requisitos de flexibilidad, impulso a la investigación y la movilidad internacional de alumnos y profesores.

A este respecto, Ardavín manifestó que es momento de reconocer este  aporte que las instituciones particulares hacen a la educación superior para así encausar los objetivos que se tienen como nación, pues son estas Instituciones las que han demostrado estar comprometidas con la formación de personas interesadas en los problemas sociales a través de una oferta educativa pertinente y de calidad.

No obstante, reconoció que existe una proliferación de universidades tanto en el sector público como en el privado, a las que calificó de “dudosa calidad”. Agregó que a nivel mundial existen 30 mil instituciones de educación superior, de las cuales el 10 por ciento se encuentran en México, situación que obedece a una lógica “mediocre” respecto al significado de lo que son los estudios universitarios.

En este sentido, dijo, es necesario trabajar en un concepto renovado, un cambio en la legislación que  no afecte las estructuras del sector público, ya que se está dando “una falsa promesa que pudiera traducirse como un fraude a las familias que depositan su confianza en este tipo de instituciones”, por lo anterior, solicitó que se designe una especie de RVOE institucional a fin de que éstas practiquen  una gestión responsable.

Asimismo, denunció que existe discriminación por parte del Gobierno Federal al brindar apoyos en la investigación, pues a proyectos tecnológicos en los que participan escuela públicas se les otorgan hasta 6 millones de pesos anuales, mientras que las aportaciones a instituciones privadas se reducen hasta en 300 o 500 mil pesos al año. 

Baños Ardavín tocó también el tema de la Reforma Fiscal, a la cual han sido sometidos todos los padres de familia que han elegido una escuela privada por encima de la pública y quienes,dijo, están tributando doble, pues el 30 por ciento de las ganancias de los colegios están gravadas, lo cual representa un gasto para los tutores.

Finalmente recordó que  las instituciones de educación superior subsisten de las donaciones de Fundaciones, las cuales se han visto limitadas por la falta de un margen de deducibilidad amplio, producto también de la Reforma Fiscal aprobada hace algunos meses.

En el encuentro, se contó con la participación del Senador panista Juan Carlos Romero Hicks; Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la ANUIES; Angélica Buendía Espinosa de la UAM; Aurelio Nuño Mayer, Secretario de Educación Pública; Senador Roberto Gil Zuarth, Presidente Mesa Directiva; Dr. Cipriano Sánchez García, de la Universidad Anáhuac; Mtro. Emilio José Baños Ardavín, de la UPAEP; Dr. José Gerardo Ruiz Tinoco, de la Universidad Abierta y a Distancia de México; el Dr. Fernando León García del Sistema CETYS; y David Ramírez Padilla, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.