El diputado del PRI, Gerardo Mejía Ramírez, presentó una iniciativa con el fin de calificar como delito grave la falsificación de documentos oficiales en el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social.

En entrevista, el priísta señaló que en los últimos cinco años la Secretaría de Educación Pública (SEP), presentó 662 denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR), por los delitos de falsificación, uso de documento falso y usurpación de profesión, datos que recabó el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) en 2012.

Agregó que si bien en Puebla no se cuenta con cifras sobre la falsificación de documentos oficiales, es necesario que se tipifique la falsificación de éstos, con lo cual se evitaría que los sujetos que logran beneficios económicos salgan libres tras pagar una fianza.

Mejía Ramírez precisó que el Código de Procedimientos Civiles en su artículo 266 refiere que los documentos públicos son aquellos autorizados por funcionarios o depositarios de la fe pública, y que se consideran como tal a los testimonios de escrituras autorizadas, los expedidos por los servidores públicos, los libros de actas, catastro, las certificaciones de constancia, las actas del Registro Civil y las actuaciones judiciales.

“En varios niveles o en ciertos rangos, existen funcionarios que desafortunadamente clonan, sacan copia o inclusive arrancan partes de los archivos, y esto por supuesto tiene que ser considerado como grave, porque atenta contra el patrimonio de las familias”, demandó el diputado.

El legislador comentó que su propuesta adiciona el inciso AC al artículo 69 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, con lo cual se establece que la falsificación de documentos se eleva a la clasificación de delito grave.

La iniciativa se envió para su estudio, análisis y aprobación a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, órgano que preside Mejía Ramírez.