El agrónomo Valentín Castillo Mares renunció al cargo de director de Desarrollo Rural, de Izúcar de Matamoros, tras señalar corrupción en el manejo de  programas dedicados al agro y opacidad en los recursos destinados al cuidado del medio ambiente.

“Ante las situaciones que se han presentado en esta Dirección, no puedo permanecer imperturbable en la responsabilidad que me fue encomendada…sería desleal oponerme a las decisiones de su administración e incongruente con mis principios si las apoyase sin estar de acuerdo con ellas”, se lee en su renuncia que fue dirigida al presidente municipal Manuel Madero González, el último día del 2015.

A principio de año, el ahora exfuncionario le hizo saber al edil que no entendía ni compartía “muchas decisiones que se han tomado y que son inherentes a la responsabilidad del cargo que me ha sido conferido”.

En el documento en poder de este diario, el agrónomo se dice consciente de que la visión y objetivos del desarrollo rural en el municipio son diferentes a los que él ha ejercido en sus 30 años en los que ha servido al campo poblano

El ahora exfuncionario relató que entre las anomalías está la resistencia de funcionarios de la Contraloría del ayuntamiento a realizar el procedimiento administrativo de entrega recepción para su cargo, que comenzó en septiembre de 2015.

Reveló que la documentación que genera la Dirección nunca fue transparente, incluso para el personal del equipo, y en reiteradas ocasiones fue negada su existencia.

Apoyos al campo no llegan a los verdaderos productores

Entrevistado al término del foro ciudadano “Agenda Ciudadana para gobernar Puebla”, Valentín Castillo reveló que en Izúcar, como en el resto del estado de Puebla, los programas al campo tienen un grado de corrupción brutal.

“El padrón de beneficiarios que reciben la semilla y fertilizante no lo usan pues no son productores, usando el recurso para venderlo. Los programas tienen el dispendio sin supervisión ni seguimiento para validar el impacto, son un instrumento de control político. La lógica es: lo doy a quien yo considero  tendré (bajo) control político, aunque no siembren”.

El agrónomo también cuestionó el uso de insecticidas y pesticidas en los cultivos que acaban con plagas, pero que también matan abejas e insectos polinizadores, resultado de que no existan programas de capacitación ni asesoría en campo.

“La Sagarpa y la Secretaría de Desarrollo Rural no tienen personal suficiente para el campo. Los programas de extensionismo que, se supone prestan servicios de capacitación y asistencia técnica, son inoperantes porque le asignan a cada técnico 300 unidades de producción, que además están dispersas”.

Dijo que a la fecha, los consumidores estamos llevando a la mesa alimentos con un alto grado de pesticidas, sin que autoridades se preocupen por el hecho. “En la práctica, el seguimiento a los cultivos es inexistente”.

El caso más grave detectado, dijo,  es la atroz contaminación de agua por los desechos del rastro municipal, que estaría violando las normas NOM-01-ECOL-1996 y Nom-t SEMARNAT-1996 que establecen los límites máximos permisibles de contaminantes las descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, así como a los sistemas de alcantarillado urbano o municipal.

El agrónomo aseguró que la propuesta calificada de “urgente” para detener el daño, fue ignorada por el edil, pese a que no sólo era más barata sino que ahorraría al ayuntamiento el presupuesto destinado a la empresa que maneja los residuos y los deposita en el basurero.