Mientras que el movimiento Opción Ciudadana (OP) está a la espera de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) fije su posicionamiento legal frente a los actos adelantados de campaña en que el alcalde Antonio Gali Fayad ha incurrido, al promocionar “veladamente” su imagen en el informe de su esposa, y al que agregó su “auto-destape” durante su reciente informe, ahora con obra pública electorera está acumulando más causales para que se le niegue registro para contender por la gubernatura de Puebla.

Afirmaron lo anterior José María Solana Rivero y Alberto Peralta Merino, el primero ex aspirante interno independiente de Opción Ciudadana a la gubernatura de Puebla, y el segundo, constitucionalista del mismo movimiento.

Solana Rivero señaló que justo cuando el proceso electoral está en marcha, el Ayuntamiento que encabeza Gali Fayad, a toda prisa está procediendo a inútiles y electoreros re-encarpetados de pavimentos, no sólo en diversas zonas de la ciudad, sino en las entradas de las juntas auxiliares.

Desde el punto de vista técnico –apuntó Solana Rivero-, tales re-encarpetados adolecen de múltiples errores técnicos, y por lo tanto, en lugar de soluciones a fondo, son meros paliativos electoreros instrumentos a todo correr, con el único fin de manipular la percepción de la sociedad, frente al proceso electoral en marcha.

El edil trata de dar la impresión de que hace mucho, pero en la realidad práctica se trata de un engaño cuyo único objetivo es engañar para ganar votos.

Apuntó que el superficial re-encarpetado implica el uso y abuso irresponsable del dinero público, en virtud de que en sólo unas semanas se evidenciará en la reaparición de hoyancos, idénticos a los que predominan a lo largo y ancho de la ciudad.

Se trata entonces- aseveró-, no sólo de hacerse promoción con obra pública, sino de derrochar cuantiosas partidas del gasto público, que incumplen con el deber técnico-jurídico del costo-beneficio-social de los recursos aplicados a obra y servicios públicos.

Todo ello –subrayó Solana Rivero-, sin descontar los graves problemas de movilidad y costos, que en retrasos sufre la ciudadanía para transitar en la ciudad, tan sólo para que Gali Fayad posicione y fortalezca electoralmente su imagen, con sendos costos para la ciudadanía.

Acerca de lo expuesto por Solana Rivero, el constitucionalista de Opción Ciudadana, Alberto Peralta Merino, señaló que el proceder de Gali Fayad contraviene lo dispuesto por el Artículo 134 Constitucional, que prohíbe el uso de la obra pública para promocionar la imagen de los servidores públicos.

Enfatizó que en otro de sus párrafos, el propio 134 Constitucional le prohíbe a Gali hacer declaraciones públicas de promoción personal, tal y como lo hizo en su recienten informe de actividades, incurriendo con ello en conductas tipificadas como delictuosas por la Ley General de Delitos Electorales.