Foto: Grupo Fórmula

Paulo Jenaro Díez Gargari, el abogado que ganó el litigio al gobierno poblano para que la firma Tratamiento de Agua de Puebla S.A. de C.V. (TAPSA) retome la operación de 4 plantas tratadoras de aguas residuales, también tiene a cargo el proceso legal que la firma Infraiber sostiene con la constructora española OHL por la medición del aforo vehicular del Circuito Exterior Mexiquense.

El litigio entre Infraiber y OHL ha escalado a acusaciones de espionaje, audioescándalos, pactos ilegales entre empresarios y funcionarios federales, armas sembradas e incluso la detención de Díez Gargari por elementos de la Policía Federal Ministerial.

Cabe señalar que la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL), conjuntamente con Pinfra, está a cargo de la construcción del segundo piso de la autopista México-Puebla, obra que tiene un costo de 10 mil millones de pesos. Ambas empresas comparten una concesión por 30 años para hacerse cargo del mantenimiento y operación de la nueva vialidad.

El 7 de septiembre de 2015, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a Díez Gargari para llevarlo a declarar por una investigación sobre el delito de intervención de comunicaciones privadas en contra de OHL, acto en el que fue encontrada un arma de fuego en el automóvil del abogado.

Sin embargo en noviembre del año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) dictó auto de formal prisión en contra de 10 elementos de esa corporación, por fabricar una evidencia en contra de Paulo Díez, pues “sembraron” el arma en su vehículo deliberadamente.

En enero pasado OHL acusó a Infraiber de difundir al menos 9 audios manipulados para simular pactos ilegales entre sus directivos y funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, como representante de la firma acusada, Díez Gargari sostuvo que los señalamientos de la firma española solo tienen la intención de distraer la atención y no dar a conocer las ganancias que ésta tiene por el cobro de peaje en el Circuito Exterior Mexiquense.

El litigio entre Infraiber y OHL inició en 2012, cuando el gobierno del Estado de México contrató a la primera para instalar el Sistema Independiente de Aforo Vehicular (SIVA) en sus carreteras concesionadas, entre ellas, el Circuito Exterior Mexiquense que está a cargo de la empresa española.

Por la medición del aforo vehicular se cobraría a los automovilistas un cargo extra de 50 centavos, pero el sistema no se instaló, aunque OHL sí cobra a los conductores el monto adicional.

Paulo Díez estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y actualmente preside el despacho DGT Diez Gargari, que ofrece servicios legales a compañías que ofrecen servicios al gobierno mexicano para obras de infraestructura, entre otros aspectos.