El nuevo sistema penal acusatorio es una "luz" para implementar un Estado de Derecho en México, sin embargo hay un gran retraso en muchos estados y el 95 por ciento de los policías no están preparados en el tema, apuntó el doctor en derecho Miguel Carbonell Sánchez.

Durante una entrevista previa a su ponencia en el Tecnológico de Monterrey campus Puebla, el especialista manifestó que el sistema penal acusatorio servirá para desahogar de manera más expedita el 53 por ciento de los delitos por los cuales la gente está en prisión y que se concentran en el robo.

Señaló que se pueden resolver los casos de manera alternativa con la reparación del daño, es decir, regresando el monto de lo robado o de lo defraudado pues la mayor parte de los robos no rebasó los 3 mil pesos, por lo que  sería absurdo gastar 30 mil pesos en un juicio cuando el ladrón puede regresar a la víctima el bien robado o el monto del fraude.

Mientras tanto, la inversión de recursos y tiempo se puede destinar a los delitos graves, como secuestro, extorsión, violaciones, homicidios o narcotráfico.

Inicio desigual en las entidades

El también académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dijo que el retraso en el sistema penal acusatorio se debe a la desigualdad, primero en los estados pues algunas entidades iniciaron con el proceso desde 2006 o 2007, en tanto que otros, como Sonora, no han realizado gestiones.

Asimismo el 95 por ciento de los policías no está capacitado para sus nuevas funciones, como resguardar el área del delito, recabar pruebas y redactar un reporte sobre los delitos en flagrancia. En contraste, los jueces y magistrados sí se han capacitado. Estas desigualdades perjudicarían el arranque este año del sistema de juicios orales en el país para el 18 de junio, aunque es absolutamente necesario que se aplique para desahogar los casos judiciales.

Sistema penitenciaron acusa graves fallas

Otro de los temas que tocó Carbonell es que el actual sistema penal mexicano -ya que el nuevo sistema entrará en vigor en junio de 2016- es ineficiente, pues haciendo analogía es como si en una empresa de envíos se perdieran 99 de 100 paquetes. Además destacó que en México hay 132 por ciento de sobrepoblación en reclusorios y en algunos casos el hacinamiento llega a 400 por ciento lo que impide la reinserción social.

Por esa razón uno de cada tres internos reincide en los delitos y generalmente son más graves que aquellos por los que fueron ingresados a los Centro de Readaptación Social (Cereso).

De igual forma el investigador de la UNAM expuso que están los recursos que se erogan en los internos y que suman es 64 millones de pesos al día, equivalentes a más de 23 mil millones de pesos al año.

Responsabilidad ciudadana, necesaria para el estado de derecho

A pesar de que apuntó que buena parte de las fallas de los sistemas penal y penitenciario son del gobierno, Miguel Carbonell dijo que para construir un Estado de Derecho los ciudadanos deben aportar el otro 50 por ciento, de tal suerte que haya una corresponsabilidad entre
autoridades y pobladores.

Puso como ejemplo que en una encuesta realizada por la UNAM, el 35 por ciento de los participantes estuvieron a favor de la circulación de taxis piratas;  58 por ciento apoyó el ambulantaje; uno de cada tres ve bien que se torture a los detenidos que sean vinculados con
el narcotráfico y el 31 por ciento estuvo a favor de ejecuciones extrajudiciales en caso de que se sospeche de un delito.

Al fomentar la informalidad en el transporte y laboral también se está dando la espalda al Estado de Derecho, dijo el experto; es lo mismo que tirar la basura en la calle y robarse la luz. Por ello pidió a los ciudadanos que ayuden a formar el Estado de Derecho, a la par de que se exija a los gobiernos dar pasos importantes en ese sentido.