En el Índice de Percepción de la Corrupción 2015, México se ubicó como el más corrupto de los 34 integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

En la lista de las naciones que integran el G-20, México fue de los últimos, sólo por encima de Argentina y Rusia.

En el estudio que realizó Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana se indica que a pesar de que en 2014 y 2015 se aprobaron reformas constitucionales para crear los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, durante el mandato del priista Enrique Peña Nieto no tuvo cambios.

Señalan que los casos de los desaparecidos de Ayotzinapa, la Casa Blanca, los escándalos de Oceanografía y OHL,volvieron imposible que mejore el índice de percepción de la corrupción.

El estudio demuestra que en México la corrupción es el impuesto más regresivo y el obstáculo directo para el acceso a salud, educación, seguridad y justicia.

En la tabla general donde se incluyen los 168 países evaluados, México está en el sitio 95 con 35 puntos reprobatorios.

De los 34 integrantes de la OCDE, México fue ubicado en el último sitio, por debajo de Turquía, Italia, Grecia y Hungría

Transparencia Internacional y Transparencia Mexicana hizo 7 recomendaciones para México reduzca los niveles de corrupción e impunidad que lo mantienen entre los países más corruptos:

Avanzar una agenda legislativa en anticorrupción que vaya más allá de las 2 leyes generales que señala la reforma constitucional. Transparencia Mexicana ha identificado más de 15 leyes que impactan en el control efectivo de la corrupción.

Prestar especial atención a las leyes vinculadas con la contratación pública, como la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que actualmente se discute en el Poder Legislativo.

Incorporar en la legislación secundaria indicadores que midan el desempeño e impacto del Sistema Nacional Anticorrupción.

Aplicar con efectividad tanto la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, como la Ley Federal de Extinción de Dominio para desmantelar redes de corrupción.

La Procuraduría General de la República debe dar seguimiento puntual y prioritario a las recomendaciones entregadas por la ASF en materia de procedimientos penales en contra de funcionarios públicos que han hecho un uso ilícito de recursos públicos.

El Poder Judicial debe asumir su responsabilidad en el sistema anticorrupción, implementando medidas que garanticen la independencia de jueces y que reduzcan el riesgo de corrupción al interior de este poder del Estado.

Incorporar planes y acciones anticorrupción en las empresas nacionales y extranjeras que son proveedoras del Estado.