Echa abajo la Corte argumento para aumentar cuotas en universidades públicas
Cuando María Ángeles Cárdenas, de 24 años, estaba por iniciar el octavo semestre de la licenciatura en Biología en la Universidad Nicolaíta, el Consejo Universitario impuso una cuota de inscripción de 420 pesos. Pero apelando a que la educación es un derecho humano y gratuito, ella y otros 791 estudiantes interpusieron un amparo para evitar la medida.
Aunque 427 amparos prosperaron y han avanzado en la ruta legal, el caso de Ángeles es el primero en llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y será discutido en el pleno el próximo miércoles 13 de enero.
El proyecto de sentencia fue elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y argumenta que la autonomía universitaria permite que la institución fije las cuotas que considere necesarias. Sin embargo, estas no son malas noticias, sino todo lo contrario, explica el abogado Jorge Álvarez, quien ha encabezado la defensa de los estudiantes.
Si la mayoría de los ministros vota a favor del proyecto, la sentencia obligaría al gobierno de Michoacán a etiquetar los recursos suficientes para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que derribaría el argumento que dio el Consejo Universitario para imponer la cuotas: una supuesta insuficiencia de recursos.
“Legitima nuestro derecho a tener el apoyo del gobierno y fortalece a la universidad para que asuma su responsabilidad (de asegurar el derecho a la educación) y apoye a los alumnos”, dice Jorge Álvarez Banderas, en entrevista con Animal Político.