La 28 de Octubre se congratuló por la liberación de Raúl Pérez Velázquez, ex edil de San Miguel Canoa, preso por oponerse a la reforma a la Ley Orgánica Municipal, y pidió que el resto presos políticos sean liberados.

Durante una marcha del mercado Hidalgo a Casa Aguayo, sede de la Secretaría General de Gobierno (SGG), el vocero de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre, Sergio León, apuntó que es muy positivo que se libere a los presos políticos en el estado.

Espera que el gobierno del estado siga liberando a los luchadores sociales y sus cuatro compañeros líderes de la organización obtengan su libertad.

Durante el último año, cuatro dirigentes de la 28 de Octubre fueron arrestados: el asesor general, Rubén Sarabia Sánchez, el 19 de diciembre de 2014; Rubén Sarabia Reyna, el 19 de diciembre de 2014; Fernando Alonso Rodríguez, el 25 de junio, y Xihuel Sarabia Reyna, 9 de diciembre de este año.

"Tenemos confianza de que a través de la lucha de la organización se libere a nuestros cuatro presos políticos (...) De hecho nuestros abogados están haciendo todas las actividades legales para liberar a nuestros compañeros", dijo León durante una entrevista.

Además de la exigencia de que sus líderes sean liberados, Sergio León reiteró que seguirán pidiendo que se abran las mesas de negociación para recuperar sus espacios de venta y fueron dados a otros grupos.

Organizaciones celebran liberación

Otras organizaciones sociales que celebraron la liberación de Pérez Velázquez son el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra la Represión Social en Puebla y el Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

En sendos comunicados de prensa las agrupaciones mostraron su contento por la salida de prisión del ex edil de Canoa el pasado 25 de diciembre.

Sin embargo pidieron que también sean puestos en libertad Leonardo Sabino Báez Serrano, presidente auxiliar de La Resurrección, y Jairo Javier Montes Bautista, presidente auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, quienes fueron apresados el año pasado por oponerse a la reforma de la Ley Orgánica Municipal, que entre otros efectos suprimía el servicio del Registro Civil en dichas juntas, así como el resto de presos políticos.