Cinco años después de que Alfredo Arango García y Rodolfo Chávez Carretero concluyeron sus gestiones como titulares de la Secretaría de Salud y del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos, el Congreso de Puebla les inició Procedimientos Administrativos de Determinación de Responsabilidades (IPADR) por no comprobar el uso de los recursos públicos de sus cuentas públicas en 2011.

Los dos procesos se aprobaron con 35 votos a favor, cuatro en contra y una abstención para Arango García, y con 36 votos a favor y cuatro abstenciones para Chávez Carretero, sin embargo la Comisión Inspectora no develó las irregularidades de los ex funcionarios.

En julio de 2012, la LVIII Legislatura aprobó los primeros procedimientos en contra de los colaboradores de Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla de 2005 a 2011.

Arango, el barquito

Hace tres años, el pleno del Congreso aprobó un proceso contra Arango García por no comprobar el uso de 8 mil millones 464 mil 383 pesos correspondiente a su cuenta pública de 2010.

El entonces diputado del PAN, Mario Riestra Piña, reveló que le realizaron 225 observaciones, un daño patrimonial al erario por 6 mil 658 millones 657 mil pesos y una deficiencia administrativa por mil millones 805 pesos.

De las anomalías que el extitular de Salud no solventó se encontraron gastos sin documentación, obras sin fianzas de vicios ocultos, falta de contratos, irregularidades en la vigencia de los mismos y el nombre de los proveedores, la falta de un padrón de contratistas, entre otras.

Por el concepto de daño patrimonial, la Comisión Inspectora cuestionó el pago de 33 millones de pesos a favor de Farmacias El Fénix; 37 millones de pesos por gastos sin confirmar en servicios de lavandería, higiene y fumigación; 8 millones de pesos por compra de equipo médico y de laboratorio; además de 119 millones de pesos en gastos correspondientes al programa del Seguro Popular por mantenimiento y conservación de inmuebles.

El 12 de enero de 2012, Arango García fue detenido por presunto enriquecimiento ilícito, denuncia que promovió el gobierno estatal y fue sentenciado a cuatro años de prisión, condena que se truncó en diciembre de 2013 cuando el Juez Octavo en materia penal determinó que el exfuncionario saldría libre tras el pago de una multa de 1.5 millones de pesos .

Cae hacha contra Chávez Carretero

Rodolfo Chávez Carretero suma su segundo IPADR. El primero se aprobó por la pasada legislatura, luego de que el extitular del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) no comprobó el uso de 493 millones 12 mil pesos de la cuenta pública 2010.

Aunque el proceso en contra del exfuncionario marinista se aprobó en el pleno, la presidenta de la Comisión Inspectora, Patricia Leal Islas, no dio a conocer las irregularidades que presentó el último ejercicio fiscal de Chávez Carretero.

Van también contra exfuncionario morenovallista

Alejandro Pagés Tuñón, exdirector del Instituto Registral y Catastral del Estado de Puebla (IRCEP) en este sexenio morenovallista, no logró la aprobación de sus cuentas públicas correspondientes a los años 2012 (1 de enero al 31 de diciembre) y 2013 (1 de enero al 19 de agosto).

En agosto de 2013, el gobernador Rafael Moreno Valle confirmó que había relevado de su puesto a Pagés Tuñón, debido a que incumplió en las metras del programa de mejora del IRCEP .

La salida de exdirector del IRCEP se dio tras publicarse en redes sociales un vídeo en el que corre a gritos a un empleado del organismo, el cual más tarde fue identificado como Enrique Castañeda, registrador de Huejotzingo.

En la sesión de este martes también se aprobaron procedimientos contra los ex ediles de Huitzilan de Serdán, Moisés González Lira (2012); Hueytamalco, Joaquín de la Rosa Martínez (2013); Izúcar de Matamoros, Carlos Gordillo Ramírez (2013); Nealtican, Fernando Luna Grande (2013); y el ex director del Organismo Operador del Servicio de Limpia en Puebla, Alejandro Fabre Bandini (2013).