El secretario de Acuerdos del Juzgado Penal de Tepeaca, Huberto Roblero Godínez, promovió un amparo contra una orden de aprehensión, ante las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia (PGJ) en contra de los funcionarios judiciales de esa región, por liberar a un sujeto sentenciado por homicidio calificado en grado de tentativa, a través de una boleta de liberación apócrifa.

El Juzgado Sexto de Distrito fue quien le concedió el juicio de garantías, mediante el número 1187/2013. Una vez que lo obtuvo, Roblero Godínez se dio a la fuga desde la semana pasada y se presume que está escondido en su estado natal, Chiapas.

Los informantes de este medio señalaron que, el mes pasado, este servidor público fue –sospechosamente- cambiado de adscripción al Juzgado Penal de Izúcar de Matamoros, donde hace poco solicitó licencia por seis meses. Sin embargo, el permiso se le negó porque no especificó las causas.

De acuerdo con las primeras declaraciones de los funcionarios presentados ante la PGJ, Roblero Godínez les habría ratificado a los funcionarios del Cereso de Tepeaca que el proceso de liberación del acusado se había llevado a cabo conforme a la ley, por lo que de este modo el sentenciado fue puesto en libertad.

Aunado a ello, se sabe que el oficial mayor del Juzgado Penal de Tepeaca, Alfredo Morón Macehual, quien se encuentra arraigado por estos mismos hechos, habría confesado ya la complicidad de los demás empleados del juzgado para liberar al indiciado.

De este modo, la PGJ solicitó, a un juez penal de Puebla, varias órdenes de arraigo y/o cateo en contra de los funcionarios señalados por Morón Macehual, entre los que se encuentra el propio juez de Tepeaca, José Luis Arenas Juárez, quien es hijo de la magistrada María de los Ángeles Juárez Hernández.

Según las fuentes, este último servidor público pretende deslindarse de la situación. Al parecer, habría mencionado que no estaba enterado del asunto hasta hace apenas unos días.

Sin embargo, se espera que en los próximos días se giren las respectivas órdenes de aprehensión en contra del resto de los 21 funcionarios que están siendo investigados o por lo menos de los que están implicados directamente en el caso y cuyos nombres aún se desconocen.

Cabe señalar que tampoco se descarta que el abogado del sentenciado también esté involucrado en el ilícito, pues trascendió que él ofreció 300 mil pesos al personal del Juzgado Penal de Tepeaca para obtener la boleta de liberación apócrifa para su cliente.

Como se recordará, Román Omar Ramos Luna de 34 años de edad,  fue detenido y sentenciado a 15 años de prisión el 1 de febrero del presente año, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.

No obstante, ese mismo día, esta persona obtuvo de funcionarios públicos del Juzgado Penal de Tepeaca, una boleta de libertad apócrifa y en ese momento logró evadir su condena.

Mediante un operativo implementado en la capital poblana, Ramos Luna fue reaprehendido el pasado lunes 19 de agosto, en el fraccionamiento La Calera.