Mucha luz arroja uno de los análisis del Doctor Reyes Juárez del Ángel, actual Presidente de la Federación Panamericana de Consultores, acerca de lo que en México sucede en materia de corrupción con los Proyectos de Participación Público-Privados (PPP,s).

Refiere el especialista que aunque en esencia la Ley Federal para la Asociaciones Público Privadas (PPP), está jurídica y técnicamente bien cimentada, la deformación radica en que la Federación dio plena libertad a gobernadores y diputados locales, para que se redactaran sus propias leyes y reglamentos de aplicación, a su modo y conveniencia.

O sea, esto explica por qué en la práctica se desemboca en un conjunto de corruptelas “legales”, que deforman y tergiversan el fin socioeconómico de los PPP,s.

De acuerdo con las bases que dieron origen a esta naturaleza de asociaciones, el objetivo era –y es en otros países- fusionar capital público con privado para satisfacer la creciente demanda de infraestructura que a nivel mundial requiere la expansión urbana en el mundo.

Y la esencia del caso, radica en que frente a la insuficiencia de los recursos públicos, el problema se atendiera y solucionara con la participación de capital privado.

Esto incluso fue el núcleo de la Cumbre de América Latina y China de Políticas y Conocimiento: Impactos de la urbanización rápida y la prosperidad nacional, que organizada por la Academia China de Ciencias Sociales, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento de Perú y el Banco Interamericano de Desarrollo, organizaron hace poco en Lima, Perú.

El modelo ha funcionado magnífico en casos ejemplares, pero fuera de México. Aquí, está plenamente confirmado que prácticamente todo lo que toca la clase política, lo corrompe.

Tan así, que al margen de los PPP, S, el 40% de todo proyecto de obra pública se va al soborno para gobernadores, funcionarios y diputados, y en el caso de los PPS, S, todo radica en que la Federación dio libertad plena a Congresos estatales y sus gobiernos, de que se redactaran sus propias leyes para hacer legal el soborno y la corrupción.

PUEBLA; ¿UNA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA?

Por definición el concepto y aplicación técnica de infraestructura, significa lo construido debajo del suelo y para el sostén de edificaciones, que faciliten y optimicen el desarrollo de los grupos humanos y sus actividades individuales, grupales, productivas y de convivencia.

Esto explica el título demagógico que Rafael Moreno Valle acuñó para la Secretaría de Infraestructura, cuyo objetivo no se cumple porque el injustificado costo de la totalidad de sus “proyectos” de obra, no aplica a infraestructura.

No aplica, porque el mayor porcentaje de obras son sólo agregados a la pésima infraestructura con que el estado contaba desde antes de su gestión.

Lo único nuevo pero muy discutible, son las deficientes clínicas de salud y algunas carreteras, que en la práctica sólo están para justificar el reprobado que Puebla ostenta en competitividad.

OBRA PÚBLICA PARA LOS CUATES

Así que la causa de que los millonarios presupuestos que Moreno Valle ha ejercido, no han derivado en la mejora de la competitividad –cuando asumió el cargo juró y perjuró ante el IMCO y los poblanos que al fin de su sexenio Puebla estaría en los diez primeros lugares de competitividad-, radica en el incumplimiento de los requisitos exigidos para que los PPP, S:

1.- Que se rijan por un marco jurídico debidamente soportado en lo técnico y lo financiero.

2.- Que se garantice un marco legal congruente con las raíces del Derecho y no con caprichos legaloides.

3.- Que se cumpla con el marco de competencia leal y calificada, y no con mecanismos y tráficos legaloides, de aquellos que de antemano se destinan a los cuates del gobernante, y sólo para adquirir prebendas político-partidistas.

4.- Y cuarto, que las partes adquieran compromisos de largo plazo, a fin de garantizar la sustentabilidad de la infraestructura.

A juzgar por lo que ha ocurrido con el 100% de la obra que Moreno Valle ha erigido en Puebla, además de que incumple con la naturaleza de infraestructura, es prácticamente obra desechable que por todos lados hace agua.

SUMAN CONGRESO Y RMV MÁS DE SIETE MESES EVADIENDO LA LEY ANTICORRUPCIÓN

Aunque los hechos están a la vista técnica y financiera, el Instituto Mexicano para la Competitividad creó un sitio que le lleva cuenta a los estados que no han respaldado la Ley Anticorrupción, y en él, al 25 de noviembre de 2015, Moreno Valle y el Congreso que tiene sometido, han evadido esta obligación de transparencia ante la sociedad poblana. ¿Por qué será?