Integrantes del movimiento de burócratas despedidos acudieron a la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) para presentar una denuncia en contra de los titulares del Tribunal de Arbitraje y la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por las irregularidades cometidas en el seguimiento de las quejas que han presentado por sus despidos injustificados.

En la queja acusan que presentaron sus demandas ante ambas instancias, las cuales aseguraron contaban con toda la documentación que marca la ley pero la autoridad se ha negado a dar entrada a las mismas por una supuesta falta de ratificación de las demandas.

Esto ha ocasionado que las demandas presenten un retraso de varios meses lo que implica un bloqueo al acceso a la justicia a la que tienen derecho los trabajadores.

Incluso denunciaron que ante este bloqueo han acudido ante juzgados de distrito y tribunales colegiados, en los cuales se ha ratificado que los documentos y obstáculos que han impuesto los tribunales laborales son ilegales.

Pese a estas sentencias a favor de los trabajadores, todavía no se han aceptado las demandas de los ex burócratas, razón por la cual los despedidos acudieron a la Secotrade para exigir la sanción e incluso despido de los titulares de la JLCA y el Tribunal, Rubén José Huerta Yedra y Joel Figueroa Tentori, respectivamente, así como otros funcionarios que estén involucrados con estos hechos.

Dentro del documento se indica que la multa que podrían recibir los funcionarios públicos que han retrasado los juicios podría ascender a los mil días de salario mínimo.