La ética es fundamental para implementar el valor de la justicia y proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos, coincidieron en señalar Manuel González Oropeza y Salvador Nava Gomar, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al asegurar que, además de una conducta irreprochable, los juzgadores están obligados a conducirse con transparencia.

Durante la jornada de clausura del seminario La Ética en la Justicia Electoral, que se llevó a cabo en la sede de la Sala Superior, Nava Gomar señaló que la conducta ética de los servidores públicos encargados de impartir justicia no puede comprenderse sin la trasparencia.

Por eso, dijo, “quienes desempeñamos funciones jurisdiccionales estamos obligados a cumplir con el debido proceso y con lo que establecen la Constitución y los tratados internacionales en materia de protección de los derechos político-electorales del ciudadano”.

Al participar como moderador de la mesa Ética y trasparencia en las resoluciones y en la labor administrativa, señaló que bajo la presidencia del magistrado José Alejandro Luna Ramos, la ética se ha establecido como uno de los pilares que enarbolan y sostienen la función del Tribunal Electoral.

En el TEPJF, dijo, se hacen las cosas con transparencia, ya que en menos de 24 horas se ponen a disposición del público, a través de Internet, las sentencias que emite la Sala Superior. Comentó que de noviembre de 2006, cuando entró en funciones la actual integración, al 22 de agosto del año en curso se han recibido 4 mil 907 solicitudes de acceso a la información, de las cuales sólo en 22 casos se presentaron inconformidades y en 12 se reservó la información.

Jueces de excelencia y con honorabilidad

Por su parte, el magistrado Manuel González Oropeza manifestó que los órganos jurisdiccionales están obligados a conducirse con transparencia y a divulgar sus sentencias de la manera más amplia posible.

En el Poder Judicial, dijo el magistrado, “aspiramos a tener jueces de excelencia y honorables, pero sobre todo, que sean leales a los principios constitucionales y favorezcan los derechos de los ciudadanos sobre cualquier organización o procedimiento”.

Destacó la importancia del seminario, cuyos trabajos se llevaron a cabo durante dos días, pues dijo que representó un espacio para reflexionar sobre la relevancia de la ética en el derecho y en la política, y sobre todo, sobre su importancia en el desempeño de las labores que realizan los juzgadores electorales.

En su oportunidad, Juan Díaz Romero, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señaló que en el ejercicio de la función jurisdiccional la aplicación de la ética debe ser automática y los juzgadores deben conducir su actuación con base en los principios de independencia, objetividad e imparcialidad. “El fortalecimiento de la independencia debe apreciarse no solo como mejora del sistema de justicia, sino para mejorar la gobernabilidad democrática”, apuntó.

Es la independencia judicial presupuesto básico de la ética

En las mesas de trabajo del Seminario, analistas, académicos y funcionarios jurisdiccionales analizaron la importancia de la ética en la función que desarrollan los integrantes de los tribunales electorales.

José Antonio Aguilar Sánchez, magistrado de la Sala Regional Guadalajara, consideró que el fortalecimiento de la independencia judicial, que es presupuesto básico de la ética, ayudará a mejorar el sistema de justicia y la gobernabilidad democrática. 

En su oportunidad, María del Carmen Platas Pacheco, integrante de la Comisión Redactora del Código Modelo de Ética Judicial Electoral, realizado a iniciativa del TEPJF, recordó que la dimensión ética apela a la necesidad de mejora personal, por lo que es deseable que servidores públicos electorales actúen con excelencia y rectitud por la fuerza de la convicción y no por el temor a represalias o sanciones.

Mientras que Hugo Saúl Ramírez García, catedrático de la Universidad Panamericana, precisó que para fundamentar la resolución de un caso los jueces deben tomar en cuenta la ideología, contexto social, los prejuicios que experimentan, la cultura jurídica en la que han sido formados e, incluso, su estado de ánimo.