Exfuncionarios Línea 12: sin trabajo y al borde del embargo
El pasado viernes 23 de octubre, el actuario de la Tesorería tocó a la puerta del arquitecto Américo Fernández. Consigo llevaba un oficio para ejecutar el pago inmediato de una multa de casi medio millón de pesos impuesta por la Contraloría o, en su defecto, proceder con el embargo de sus bienes. “Ya sabe cómo es esto y a qué vengo”, le dijo.
En el último mes, una decena de exfuncionarios del llamado Proyecto Metro –que participaron la construcción la Línea 12 y luego fueron sancionados– han recibido la visita de estos actuarios con el aviso de que deben pagar o perderán sus bienes. Esto a pesar de que ninguna de las acusaciones hechas hace casi un año en su contra ha prosperado.
De 33 procesos iniciados en contra de esos funcionarios sancionados, una docena fueron anulados en los tribunales y el resto sigue en proceso. En ningún caso la responsabilidad de los sancionados ha quedado demostrada, pero las apelaciones del gobierno continúan alargando los juicios.
En el caso del arquitecto José Américo Fernández, la orden que llevaba el actuario era para ejecutar la multa impuesta en un proceso que ni siquiera la misma Contraloría General ha ratificado, luego del recurso de revocación que el arquitecto interpuso contra su sanción. Esta sería la quinta acusación porque las otras cuatro ya las ganó en los juzgados.
Fue entre octubre y diciembre de 2014 cuando la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal decidió suspender a más de 30 funcionarios del Proyecto Metro, tras el escándalo por el mal funcionamiento de la Línea 12 que obligó a que el servicio se suspendiera en la mitad de las estaciones.
Aunque a la postre se confirmó que el problema de la línea era la incompatibilidad de los trenes con las vías, y que instancias como el Colegio de Ingenieros Civiles confirmaron que la obra civil no tenía ningún problema, la contraloría impuso múltiples sanciones contra funcionarios por aspectos como imprecisiones en el tamaño de ventanas construidas o pagos inflados de algunos materiales.
Un año después, ni los procesos civiles ni penales que se iniciaron se han resuelto, y muchos de ellos incluso y fueron revocados por los jueces, tras confirmarse que las irregularidades no existían o eran responsabilidad de otras personas
Pero los funcionarios continúan inhabilitados y estigmatizados públicamente como “los responsables del desastre de la Línea 12”, sin poder conseguir trabajo, y ahora con el riesgo de perder los bienes que aún les quedan.
Tras una auditoría practicada a la construcción de la Línea 12, la Contraloría General del Gobierno del DF decretó sanciones a prácticamente todos los funcionarios del órgano descentralizado llamado Proyecto Metro que participaron en la obra, a pesar de que la mayoría no tuvo poder de decisión sobre el tipo de trenes o vías que se instalarían.
Las multas impuestas a los arquitectos, ingenieros y burócratas fueron en casi todos los casos millonarias. Desde pagos de los 300 o 400 mil pesos hasta algunos que superaban los miles de millones de pesos. Además se dictaron sanciones de inhabilitación por varios años y denuncias en la Procuraduría General de Justicia del DF.