La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ubicó a Puebla en el lugar 11 de los estados donde se registran agresiones contra periodistas, con 11 reportes de estos casos, los cuales ocurrieron entre enero de 2011 y julio de 2013.

De acuerdo con la Recomendación General número 20 sobre agravios a periodistas en México y la impunidad imperante, emitida por este organismo, en dos años y medio se reportaron 207 agravios en contra de la comunidad periodística.

El primer lugar lo ocupa el Distrito Federal, con 40 casos, mientras que Veracruz y Chiapas reportaron 20 incidentes. La tercera posición es para el Estado de México y Oaxaca, con 18 cada uno. Chihuahua registró 17 sucesos. El quinto escaño lo obtuvo Guerrero, con 14 percances.

El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) refiere que del 1 de enero de 2000 al 31 de julio de 2013, a través del Programa de Agravios a los Periodistas y Defensores Civiles de los Derechos Humanos, se abrieron 842 expedientes de queja relacionados con violaciones en contra de comunicadores y sus medios.

El reporte da cuenta que, en dicho periodo, la CNDH tuvo conocimiento de la muerte de 85 periodistas o trabajadores del sector.

Las entidades que concentran el mayor número de homicidios son Veracruz y Tamaulipas (12), Chihuahua (11), Guerrero (10), mientras que Durango y Oaxaca reportaron cinco asesinatos.

Además, Michoacán, Distrito Federal y Sinaloa tienen un total de cuatro homicidios cada uno. Nuevo León y el Estado de México, tres muertes. Con dos homicidios aparecen Jalisco, Coahuila y Sonora.

Tabasco, Quintana Roo, Baja California, Chiapas, Querétaro y Morelos reportaron un asesinato.

El informe señala que de enero de 2005 al 31 de julio de este año se reportó la desaparición de 20 periodistas en 10 estados.

En cuanto a los ataques contra las instalaciones de medios periodísticos, se cuentan 40 casos que ocurrieron de 2006 al 31 de julio de 2013. Las entidades que reportan más incidentes son Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León, con 10, nueve y siete incidentes, respectivamente.

Gobiernos presionan y censuran a medios de comunicación

Dentro de la recomendación hecha por la CNDH, se advierte que la situación que priva en los medios de comunicación se debe a que las áreas de seguridad de los estados no resuelven las investigaciones.

Otro elemento es la presión que los gobiernos federal y estatales ejercen a través de la “asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad oficial y créditos oficiales, demandas judiciales, legislación restrictiva, hostigamiento policial, boicot de la información oficial a ciertos medios”.

El organismo establece que, del año 2005 al 31 de julio de 2013, en 74 ocasiones solicitó a diversas autoridades que se implementaran medidas cautelares, sin que se tuviera respuesta alguna.

Asimismo, manifestó que, ante los agravios en contra de los periodistas y de las instalaciones de los medios, existe una “falta de efectividad” por parte de los representantes de seguridad pública, con el fin de “disuadir y evitar las agresiones”.

“Aun cuando los agentes del Ministerio Público a cargo de las averiguaciones previas correspondientes, las inician de forma prácticamente inmediata, al disminuir la presión social producto de la difusión de los sucesos (…) incumplen con su obligación de practicar todas aquellas diligencias en la indagatoria, tendientes al esclarecimiento de los hechos, o bien, prolongan injustificadamente el tiempo de la integración, lo que ocasiona la ausencia de resultados”.

En cuanto a las presiones hechas por los gobiernos y los servidores públicos cuando ven “afectado su derecho al honor”, provoca que las figuras delictivas como la “difamación, la injuria o la calumnia se han constituido en el medio más utilizado para establecer responsabilidades ulteriores por supuestos abusos a la libertad de expresión”.