Integrantes de organizaciones en contra de la explotación de los recursos naturales de la entidad a través de empresas privadas, estimaron que el gobierno federal otorgó en el último sexenio un total de 312 concesiones para explotar minerales, establecer hidroeléctricas y termoeléctricas, así como para la construcción de carreteras en Puebla.

Los activistas consideraron que el gobierno del estado podría cancelar los permisos en cuestión, sin embargo denunciaron que ejerce presión a los alcaldes para permitir la instalación de proyectos que buscan obtener remuneraciones económicas a partir de la explotación de los recursos naturales de sus municipios, a cambio de no reprobar sus cuentas públicas.

Entre los municipios que actualmente padecen la instalación de trasnacionales destacan Olintla, Ahuazotepec, Libres, Oriental e Ixtacamaxtitlán, en donde se ubica la empresa canadiense “Almaden Minerals” que, en este ultima demarcación, tiene una concesión por 50 años para explorar y explotar un área de 55 mil 990 hectáreas.

Así como la localidad de Tetela de Ocampo, en donde realiza trabajos de exploración y explotación de oro y plata la empresa “Frisco” propiedad del mexicano Carlos Slim; y Xochitlán, donde se autorizó la instalación de una planta hidroeléctrica.

En suma, calcularon que un total de 64 localidades de la Sierra Norte de Puebla están siendo lastimadas por la comercialización de sus recursos naturales, situación que afectaría a por lo menos 700 mil personas.

En este contexto, Gerardo Pérez Muñoz, quien está al frente de la publicación “Colibrí” y es integrante del Frente Serranos Unidos en Resistencia Indígena (SURI), informó que el próximo jueves y viernes se llevará a cabo el foro “Proyectos de Muerte” en la facultad de Ciencias Políticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), que tiene como fin analizar la situación de los pueblos que padecen la explotación de sus recursos.

El evento contará con la participación de habitantes de las localidades mencionadas, quienes expondrán sus respectivas problemáticas, así como de otras demarcaciones tales como las de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, además de especialistas en los temas mencionados, así como autoridades de dependencias como la Comisión Nacional Forestal (Conafor), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).