El periodista Ernesto Aroche ganó un amparo ante la justicia federal, interpuesto contra la Comisión de Acceso a la Información Pública (CAIP), que ahora tendrá que cambiar su fallo a favor de la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA) y garantizar que transparente los nombres de las empresas a las que rentó los espacios comerciales del Centro Cívico 5 de Mayo entre 2012 y 2013.

Con el amparo 217/2015 suman ya cuatro procesos en contra de la CAIP con lo que se revela la sistemática práctica del comisionado Federico González Magaña para proteger la opacidad de la administración que encabeza el gobernador Rafael Moreno Valle.

Esta vez fue el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa quien ordenó a la CAIP desechar la resolución del comisionado González Magaña tomada en mayo del 2014, por ser ilegal. . “…Existió en el acto reclamado una inexacta y errónea aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Puebla”, aduce el documento que se dio a conocer ayer y que está en poder de este medio.

El comisionado dio carpetazo --al sobreseer- al recurso de revisión interpuesto por la negativa de la SFA a hacer pública la información detallada sobre los locales de Los Fuertes, esto pese a las obvias contradicciones del sujeto obligado que dejaba ver dolo y opacidad en su respuesta.

La SFA aseguró que no había rentado ni concesionado ningún espacio comercial en la zona, luego de que se interpusiera un Recurso de Revisión por la respuesta, corrigió  señalando que  “había dejado en manos del Centro de Convenciones de Puebla la administración de esos espacios”.

Sin embargo, tres meses antes, la SFA informó, en una solicitud presentada por la reportera Shanik David, que en 2012 se habían recaudado 351 mil pesos por concepto de renta de 30 locales comerciales distribuidos en el Centro Cívico 5 de Mayo.

Aunque la comisionada Blanca Lilia Ibarra emplazó a la SFA a entregar la información y resolver las contradicciones, ---además de obligarle a precisar la entrega al Centro de Convenciones de Puebla de la administración de los locales----, la resolución final de González Magaña fue: “que toda vez que el Sujeto Obligado no dio cumplimiento al requerimiento indicado, se determinó que se haría efectivo el apercibimiento” y dejó sin materia el reclamo.

En breve entrevista con este medio, Aroche señaló que la sentencia va más allá de solo ordenar que se reponga el proceso y que la CAIP ordene la entrega de la información, incluso corrige la propuesta inicial de que sólo se atendiera y revisara los datos correspondientes al 2013, pues no planteó fechas y dejó la respuesta abierta.

El amparo reconoce que en su solicitud, el director del portal de noticias LadoB, “no precisó periodo alguno, también lo es que ello no se debió de interpretar en el sentido de que sólo abarcaría el lapso del año de dos mil trece, sino por el contrario en aras de una mayor protección del acceso a la información como derecho fundamental garantizado en el artículo 6° de la Constitución, y atendiendo a la interpretación conforme que obliga el artículo 1º de nuestro Máximo cuerpo legal, la información debió abarcar la totalidad en que la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Puebla, tuvo a su cargo la administración y manejo de los espacios comerciales ubicados dentro del “Centro Cívico 5 de Mayo”, y no sólo del lapso antes citado”.

González Magaña, cuestionada designación a la CAIP

La designación de Federico González Magaña como comisionado de la CAIP para el periodo 2013-2019 fue ampliamente cuestionada por diversas  organizaciones, entre ellas la Asociación Mexicana de Derecho a la Información-- Capítulo Puebla, el Colectivo por la Transparencia, Fundar, México Infórmate y  Puebla Vigila que emitieron un pronunciamiento lamentando el hecho.

En el pronunciamiento afirmaban que con la decisión tomada en el Congreso se ponía en grave riesgo la independencia de la CAIP, pues en 2010 apoyó la candidatura del hoy titular del Ejecutivo estatal, Rafael Moreno Valle.

Los defensores del derecho a la información señalaron en el documento que fue publicado en medios de información, que el asesor legal de la Coalición Compromiso por Puebla, no era el mejor perfil para ocupar el cargo dada  su experiencia en materia electoral.

Datos estadísticos de la CAIP revelan que en 2013, de 23 Recursos de Revisión interpuestos contra el gobierno estatal sólo en uno ordenó la entrega de la información.