Los integrantes de la organización Puebla Libre y los abogados de Elia Tamayo Montes, madre del menor que falleció durante la represión de Chalchihuapan, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su intervención para que haga una revisión integral de las violaciones a derechos humanos en el estado, lo cual será aceptado.

Vía telefónica, Alejandro del Castillo, abogado de Tamayo, aseguró que este martes los representantes de la CIDH darán a conocer un número de expediente durante la reunión que sostendrán en Xalapa, Veracruz.

Los poblanos participaron este lunes en cuatro meses de trabajo y hablaron de manera particular con el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, sobre los presos políticos y el incumplimiento del gobierno estatal con la recomendación 2VG/2014 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) hace ya más de un año.

En esta se aborda el desalojo violento de manifestantes el 9 de julio de 2014 en San Bernardino Chalchihuapan, donde resultó herido de muerte José Luis Alberto Tlehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, y otros cinco pobladores sufrieron lesiones graves.

Del Castillo subrayó que parte de la solicitud de intervención hacia la CIDH se debe a que la propia CNDH no ha calificado como incumplida la recomendación para que se llame a comparecer al gobernador Rafael Moreno Valle Rosas ante el Senado de la República.

Denuncian nueva victimización

Durante su intervención ante los comisionados de la CIDH, ente adjunto a la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro del Castillo destacó los atropellos sufridos por Elia Tamayo desde el momento en que su hijo fue trasladado al hospital para su atención.

Esto debido a que no se le permitió estar con su hijo de manera permanente, se le entregó el cuerpo dos días después de su fallecimiento el 19 de julio de 2014 y a que funcionarios de gobierno la presionaron para que aceptara una indemnización.

A José Luis Alberto le perforó el cráneo una lata de gas lacrimógeno lanzada por la policía estatal de Puebla, cuando desalojaban a manifestantes que mantenían cerrada la autopista Puebla-Atlixco.

En la reunión los poblanos cuestionaron que los agentes que mataron a José Luis fueron liberados; mientras que el edil de Chalchihuapan, Javier Montes Bautista, y otro poblador siguen en prisión acusados de agredir a los uniformados. También otros cuatro habitantes fueron detenidos de manera arbitraria el 18 de octubre pasado.

Para Del Castillo estas situaciones “revictimizan” tanto a Elia Tamayo como a los habitantes de Chalchihuapan después de sufrir una fuerte agresión.

Presentan casos de presos

Por su parte Tonatiuh Sarabia Amador, de la organización 28 de Octubre, habló sobre la detención de su padre, Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, y de su hermano, Rubén Sarabia Reyna, en diciembre del año pasado.

Durante su participación en la mesa sobre el sistema judicial y las violaciones a derechos humanos, Tonatiuh sostuvo que el estado de salud de su padre es delicado y a pesar de ello las autoridades estatales no permiten que tenga la atención médica necesaria.

En esa misma mesa participó Josué Xicale Coyopol, de Cholula Viva y Digna, quien refirió que su padre, Adán Xicale, y su hermano, Paul Xicale, fueron arrestados de manera arbitraria el pasado 7 de octubre por oponerse a la construcción de un complejo turístico a unos metros de la pirámide prehispánica.

Apuntó que aunque ganaron amparos para que sus familiares salgan bajo caución, el Juez Penal de Cholula ha hecho caso omiso.

Es importante mencionar que al finalizar las intervenciones de los activistas de diferentes partes del país, la secretaria adjunta de la CIDH, Elizabeth Abi-Mershed, ofreció medidas cautelares y la recepción de peticiones individuales vía electrónica.