La elección de la alcaldía de Apizaco, fue puesta como condición por el senador panista, Ernesto Cordero Arroyo, para continuar las negociaciones del “Pacto por México” que impulsen las reformas energética, política y las leyes secundarias en materia de educación.

Así lo advirtió en rueda de prensa en la que dijo que los legisladores federales panistas “no soltarán” el fraude cometido en Apizaco, hasta que se limpie la elección del pasado 7 de julio y en la que el PRI, el gobierno de Mariano González y la Sala Unitaria Electoral se confabularon para arrebatar el triunfo al PAN.

Enfáticamente, sostuvo que será determinante que se resuelva el conflicto poselectoral para mantener el diálogo que lleve a las diferentes fuerzas políticas del país a sacar adelante las reformas estructurales, que impulsa el presidente Enrique Peña Nieto.

Lamentó que en algunas entidades como el caso de Tlaxcala persistan prácticas del pasado donde no se respeta la democracia y un gobernador priista insista en burlarse de la voluntad popular, con tal de imponer a un militante de su partido en un cargo que no ganó legalmente.

Por su parte, la también senadora, Adriana Dávila acusó al magistrado responsable de la Sala Electoral local, Pedro Molina Flores, de “corrupto en colaboración con el gobernador”, el cual sin llegar al fondo de la impugnación que fue presentada contra los resultados electorales, emitió un fallo en el que se niega a tratar de manera contundente bajo el argumento de que estaba impedido por no existir una norma aplicable.

“Lamentamos la actitud del magistrado, porque si bien reconoció que las pruebas y fundamentos del PAN en contra de la elección son válidos, éste personaje optó por evadir su responsabilidad al decirse impedido para actuar, lo que demuestra que su compromiso no es con la democracia ni los tlaxcaltecas, sino con el gobernador Mariano González”, expresó.