La justicia federal ordenó al Juzgado 12 del estado no disponer del inmueble del que fueron desalojados defensores de derechos humanos, el pasado 12 de agosto, hasta la resolución del amparo respectivo.

El Juzgado Cuarto de Distrito ordenó al juez Ismael De Gante López evitar que María Levinia Arellano Cabrera disponga del inmueble del cual fueron desalojados el pasado 12 de agosto los defensores de derechos humanos Mariel Bonilla e Israel Sampedro, para evitar mayores perjuicios, en tanto se resuelve el juicio de amparo 1866/2015.

En breve entrevista Sampedro informó lo anterior y recordó que el juez 12 especializado en materia financiera favoreció a la parte contraria en un proceso plagado de irregularidades pues el desalojo se llevó a cabo antes de que fuera resuelta la  impugnación.

Tanto Sampedro como Mariel Bonilla acusaron a la autoridad de simular actos jurídicos pues aseguran que diligenciarios notificaron a María Elvira Dumit, pese haber fallecido once años antes de su emplazamiento.

Los integrantes de la Red de Defensa de los Derechos Humanos (RDDH) llamó al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla a asumir la responsabilidad constitucional para investigar la violación evidente de las disposiciones constitucionales de legalidad, audiencia, debido proceso y certeza jurídica, debiendo realizar un estudio técnico jurídico, exhaustivo e imparcial, del juicio ordinario mercantil para fincar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes ante la sistemática violación de derechos humanos.

“Exhortamos al presidente del Tribunal, Roberto Flores Toledano para que el resultado de dicha investigación sea de la opinión pública y se considere en el reporte que se presente al Congreso local como parte del informe de la situación en la administración de justicia en Puebla”, señaló la RDDH.

“En los hechos, el acceso a la justicia se encuentra determinado por condiciones económicas y, por el alto grado de descomposición de los altos mandos de las instancias del gobierno mexicano. Así, aunque los derechos humanos fueron reconocidos constitucionalmente, en la práctica, con una lógica legalista se van limitando y al mismo tiempo el régimen neoliberal mexicano los privatiza, agregó la organización.