El integrante del Consejo Técnico Consultivo del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Roberto Adame Garduño, llamó a luchar contra las instituciones de asistencia “fraudulentas” o que operan de forma ilegal, responsabilidad que recae el gobierno.

Ante casos como el Tomás Armando Durán Martínez, falso sacerdote de la Casa Hogar Domingo Savio, quien fue detenido el año pasado en Puebla por abuso sexual de menores, Adame Garduño resaltó que corresponde al gobierno vigilar a instituciones donatarias, es decir, aquellas que reciben dinero de empresas socialmente responsables.

La Casa Hogar Domingo Savio recibía donativos de diferentes empresas para apoyar a menores de edad, sin embargo, en su interior, el falso sacerdote cometía delitos de corrupción de menores, violación y ataques al pudor.

Al participar en el Panel “Responsabilidad social de las empresas” que se realiza dentro de la Semana i, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en Puebla, el consejero del Cemefi destacó que a los gobiernos corresponde vigilar que las instituciones operen de forma adecuada y apliquen los recursos con el fin para el que fueron donados.

“Es un tema complicado. Las instituciones que son normalmente donatarias, es decir, que reciben donativos, son instituciones de asistencia privada. Las instituciones de asistencia privada están vigiladas, supervisadas por la junta de asistencia privada del estado o el organismo equivalente. Esto es, el gobierno es quien autoriza a las instituciones de asistencia privada, las apoya, las vigila, las supervisa. Hay un organismo que se encarga de vigilar si cumplen con los mecanismos, si los aplica en donde el donante los etiqueta, su cumplen con el objeto social”, comentó.

Señaló que si las instituciones de asistencia realizan una operación fuera de la ley con respecto a sus beneficiarios, son las autoridades del gobierno las encargadas de actuar.

“Nosotros lo que hacemos es acompañar a las empresas socialmente responsables, a que cumplan ciertas prácticas o programas en temas de ética, medio ambiente, comunidad y comunidad de vida del trabajo. Con base a las prácticas que cumplan frente a indicadores, se les otorga un incentivo. El tema de la donación a instituciones ilegales, ilegítimas está a cargo de organismos públicos”, destacó.