Cristian Alberto López Vázquez, el motociclista que fue atropellado el 8 de septiembre por un perito de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), negó que la Dirección de Atención a Víctimas del Delito haya tenido un acercamiento con él para brindarle apoyo, por lo que exigió a la dependencia la reparación del daño.

En rueda de prensa, los abogados del agraviado –integrantes del corporativo jurídico Rodríguez Luna y Asociados- mencionaron que la PGJ citó este lunes a su cliente, pues tiene urgencia por que el perito Roberto Espíndola Armenta, de 26 años de edad, recupere su libertad lo más pronto posible.

Explicaron que el organismo pretende reclasificar las lesiones que sufrió López Vázquez,  quien –de acuerdo con los dictámenes médicos- perdió la movilidad de su mano derecha, debido a que se le destrozó el hueso del dedo índice de esa mano, por lo que se le tuvo que hacer un injerto del hueso del codo.

En ese sentido, refirieron que Cristian se dedicaba a repartir teléfonos celulares a franquicias, a bordo de una motocicleta que apenas hace dos meses había adquirido a crédito; sin embargo, tras el accidente, quedó incapacitado para trabajar y no volverá a manejar ese tipo de vehículo por las mismas lesiones que sufrió.

En un inicio la PGJ le otorgó 30 mil pesos para resarcir el daño, pero esta cantidad no ha sido suficiente para que Cristian pueda solventar los gastos médicos y terminar sus terapias.  Es por ello que los defensores legales solicitaron la reparación del daño, la cual tendrán que fijarla al hacer la petición por escrito.

López Vázquez pidió al organismo que aplique la ley conforme procede y que no haya impunidad en su caso, ya que indicó que la PGJ tampoco se ha hecho cargo de pagar los daños por la motocicleta.