Pedro Carmona Romero, activista de la Asamblea Social del Agua (ASA) y líder de la 28 de Octubre, aseguró que la represión en su contra continuará debido a que este domingo, cuando fue liberado tras pagar una fianza de 22 mil pesos, el Ministerio Público le dijo que tenía varias denuncias en su contra por parte del ayuntamiento de Coronango.

Carmona contó en una rueda de prensa que el viernes lo arrestaron de manera arbitraria y violenta, además de que los policías municipales de Coronango le quisieron "sembrar" un arma.

El activista dijo que el viernes pasado alrededor de las 19:15 salió de su casa para ir a trabajar, cuando se percató de que una persona allegada a la alcaldesa Hermelinda Macoto Capuli agredía a una de sus vecinas del fraccionamiento Misiones de San Francisco.

Se acercó entonces para calmar a su vecina y levantó la voz para que los agentes municipales intervinieran, pero en lugar de frenar la gresca lo detuvieron y golpearon.

También lo hicieron que sostuviera un arma para luego acusarlo de resistencia de particulares, portación de arma blanca y lesiones.

Pedro refirió que por varias horas lo tuvieron incomunicado e, incluso, lo amenazaron con trasladarlo al Centro de Readaptación Social (Cereso) pues en ese momento estaba recluido en el Centro de Seguridad de San Andrés Cholula.

Temen más represión

Fue gracias a la movilización de las organizaciones sociales y de su propio abogado, Pedro Corona, que el integrante de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre (UPVA 28 de Octubre) pudo salir bajo fianza.

Al momento en que firmó para obtener su libertad bajo caución, los agentes del Ministerio Público le advirtieron que tenían varias averiguaciones previas en contra por denuncias interpuestas por el municipio de Coronango.

Sin embargo a Pedro Carmona no se ha notificado de ninguno de estos expedientes, por lo cual no sabe de qué se le acusa y teme que en cualquier otro momento lo vuelvan a aprehender.

Por este motivo, así como por el hostigamiento que sufre desde hace más de un año, Carmona Romero responsabilizó a Hermelinda Macoto de cualquier cosa que le puede pasar a él o a su familia.

También este lunes interpuso una queja ante la Comisión de Derechos Humanos Puebla (CDH) contra el ayuntamiento de Coronango por su arresto arbitrario.

Algunas de las anomalías que Pedro ha denunciado son la falta de los servicios de agua y alumbrado público en Misiones de San Francisco, esto a pesar de que los vecinos pagan sus respectivas cuotas.

Piden garantías

Por su parte José Lui García Bello, también de la ASA, manifestó su indignación por el arresto de su compañero y acusó a los gobiernos municipal de Coronango, así como estatal, de incumplir con su obligación de proteger a la ciudadanía.

"No es justo que autoridades que tienen que proteger nos golpeen y no respeten el debido proceso", agregó el activista, para quien es importante que la CDH brinde garantías a Pedro Carmona.

De igual forma comentó que otros miembros de la Asamblea Social del Agua también son perseguidos, pues reciben llamadas telefónicas amenazantes o personas extrañas toman fotografías de sus domicilios.

La ASA se conformó después de que en septiembre de 2013 el Congreso del estado aprobó concesionar el servicio de agua potable en la ciudad de Puebla, desde ese momento se interpusieron amparos para frenar la privatización del servicio aunque en mayo de 2014 entró en operaciones la empresa Concesiones Integrales, que después se transformó en Aguas de Puebla.

Presentan foro ambiental

Ninel Castillo, de Esfera Poblana, anunció que el caso de Pedro y mucho otros de persecución contra ambientalistas se tocarán en el Primer Foro sobre la Crisis Socio-Ambiental en Puebla, que se realizará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre en la Casa de la Aduana Vieja a partir de las 9:30 horas.

En el evento participarán la Asamblea Social del Agua; Esfera Poblana, Comité Defensor del Parque Ecológico y el Aviario; Agua Para Todos, Agua Para la Vida; la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y EcoTuzuapan, entre otras organizaciones.

El objetivo -dijo Castillo- es hacer visibles las situaciones de represión injustificada contra los ciudadanos o agrupaciones que defienden el medio ambiente, el territorio o el agua en el estado.