La Procuraduría General de Justicia (PGJ) debe activar el Protocolo ALBA, que se estableció en Ciudad Juárez, Chihuahua, por los casos de feminicidios en el estado de Puebla, consideró Roxana Luna Porquillo, ex diputada federal y dirigente estatal del Frente Nacional de los de Abajo (FNA).

Asimismo se informó que el Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue) se movilizará este lunes contra el feminicidio, como lo está convocando el Taller Centro de Sensibilización y Educación Humana AC.

En el último mes desapareció Paulina Camargo Limón, de 19 años y con 18 semanas de embarazo, quien presuntamente fue asesinada por su novio y arrojada a un contenedor de basura en la unidad habitacional La Margarita.

Además se encontró el cuerpo sin vida de Verónica Espinoza Arcos, profesora de un preescolar, en un paraje de la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, en la ciudad de Puebla. Su cuerpo presentaba signos de tortura y junta a ella se encontró una piedra con la cual el homicida le habría golpeado el rostro hasta matarla.

Urge frenar feminicidio

Luna Porquillo explicó que el protocolo ALBA es una recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se establezcan acciones urgentes, por parte de todas las dependencias y medios de comunicación, para buscar a mujeres desaparecidas.

"El único estado que lo tiene vigente es Chihuahua y nosotros estamos planteando que una de las entidades que lo aplique sea Puebla. Es un asunto muy noble, el gobierno del estado se vería bien impulsando este tipo de protocolos", aseguró la dirigente social.

El protocolo ALBA es similar a la Alerta Ámber, donde se difunde la desaparición de menores en dependencias y en colaboración con la prensa, así como con organizaciones de la sociedad civil.

 Necesaria más coordinación

Para la ex legisladora dicho protocolo no implicaría más gastos sino una mayor coordinación entre dependencias, y voluntad política para enfrentar las desapariciones, además de los feminicidios.

La CIDH ordenó que a partir de 2009 el protocolo se aplique en todo el país, para que las corporaciones policiales y dependencias hagan todo lo posible por encontrar a las mujeres desaparecidas.

El protocolo consta de tres fases: primero, la presentación de la denuncia y la toma de muestras de ADN; luego, la alerta a dependencias, organismos y organizaciones nacionales e internacionales sobre la desaparición, y finalmente, si en un lapso de 12 a 24 horas no se encuentra a la mujer o niña, comienzan las indagatorias con la presunción de que ocurrió un delito.

Gobierno no reconoce problema

Por su parte, Xóchitl Formacio, del movimiento ciudadano Por una Cholula viva y digna, apuntó que a pesar de los casos el gobierno no quiere reconocer el problema del feminicidio y algo similar ocurre con los presos políticos: la negación no ayuda.

Ángel Gonzalo Zamorano, del Comité Independiente de Derechos Humanos, agregó que de manera oficial el Fosyppue presentará un documento para solicitar el protocolo ALBA.

"En el caso de los feminicidios y de las ejecuciones extrajudiciales, el gobierno de Puebla tiene una larga tradición de omitir este tipo de casos, porque al estado no le conviene reconocer que está teniendo fallas en la aplicación de las mismas leyes que genera", dijo el defensor de derechos humanos.

Los integrantes del Fosyppue declararon que una negativa del gobierno poblano para establecer el protocolo sería una señal más de que está en guerra contra los ciudadanos.