Los funcionarios federales encargados de otorgar contratos, permisos, concesiones y licencias, tendrán que grabar todas las conversaciones telefónicas, reuniones, visitas o actos públicos en los que tengan contacto con particulares.

Lo anterior ordenó la Secretaría de la Función Pública (SFP) en un protocolo publicado ayer, que también ordena a las empresas presentar una "manifestación de conflictos de interés" por relaciones con funcionarios, cuando vayan a participar en licitaciones o busquen permisos, concesiones o licencias.

De acuerdo con una nota del periódico Reforma, el protocolo dispone que todas las conversaciones telefónicas se grabarán mientras que los encuentros personales serán videograbados, dichas reuniones tendrán que ser informadas por anticipado al Órgano Interno de Control, siempre tendrán que estar presentes al menos dos funcionarios y se levantará una minuta firmada por todos los participantes.

"El dispositivo en el que se almacenen las grabaciones y videograbaciones formará parte del expediente de contrataciones públicas, licencias, permisos, autorizaciones y concesiones de que se trate", señala el acuerdo del titular de la SFP, Virgilio Andrade.

"Para el caso de las comunicaciones telefónicas y las reuniones, deberán obtener del particular su consentimiento tácito o expreso, así como señalarle que se entenderá que hay consentimiento tácito cuando continúe la conversación telefónica, o su presencia en las reuniones. De no existir consentimiento del particular la comunicación telefónica o la reunión no podrá continuar", agrega.

La grabación en video de actos públicos -como los que se realizan durante las licitaciones-, no requerirá consentimiento de los particulares.

Andrade urgió a los funcionarios a conducir sus comunicaciones con los particulares por escrito, para dejar constancia de ellas, y advirtió que el incumplimiento del protocolo dará lugar a sanciones previstas en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.

En cuanto a los conflictos de interés, las empresas y demás particulares que busquen obtener algún beneficio del Gobierno tendrán que llenar un formato en el sitio manifiesto.gob.mx, que aún está en línea.

"Quienes formulen el manifiesto de vínculos o relaciones deberán declarar bajo protesta de decir verdad, el vínculo o la relación personal, de parentesco consanguíneo o por afinidad hasta el primer grado, o de negocios con servidores públicos de mando medio o superior en la Administración Pública Federal", dice el protocolo.

Se tendrá que declarar el vínculo de parentesco consanguíneo o por afinidad, relación personal o de negocios con cualquier funcionario, incluido el Presidente, que pueda participar en la decisión sobre el contrato o permiso que se busca.

México con mínimo interés en combatir la corrupción trasnacional

México figura entre los 20 principales exportadores mundiales con un nivel de aplicación mínimo o nulo en las obligaciones de derecho internacional, de acuerdo con un reporte de Transparencia Internacional, que indica que estos países no investigan ni juzgan casos de soborno transnacional debido a falta de voluntad política y a que no se asignan recursos suficientes a medidas de cumplimiento e investigaciones.

Según otra nota del diario El Financiero, México está listado en los países que realizan un esfuerzo mínimo o nulo para “que sus empresas no propaguen la corrupción en todo el mundo”.

“Al suscribir la Convención, los gobiernos se comprometen a investigar y juzgar la corrupción transnacional, pero a pesar de ello casi la mitad de los gobiernos signatarios no lo están haciendo. La OCDE debe asegurar que haya consecuencias concretas ante un desempeño tan exiguo. La violación de las obligaciones de derecho internacional de combatir la corrupción transnacional no puede ser tolerada” sentenció José Ugaz, presidente de Transparencia Internacional.

En total se trata de 41 países que son parte de la Convención de la OCDE para combatir el soborno. De estos, un total de 22 no han investigado ni juzgado ningún caso de soborno en el extranjero en los últimos cuatro años, y han incumplido así su obligación de combatir el soborno transnacional.

La institución informó que hace 16 años que entró en vigor la convención y que de acuerdo a sus investigaciones, en este tiempo solamente cuatro países de todos los suscritores investigan y juzgan activamente a empresas que incurren en actos de soborno a funcionarios de otros países. Sólo seis países quedaron en la clasificación de aplicación moderada, mientras que nueve naciones tuvieron una actuación limitada para combatir este tipo de actos.