El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas y los funcionarios involucrados en el operativo del 9 de julio de Chalchihuapan, donde falleció un niño de 13 años, tendrían responsabilidades administrativas o hasta penales si la madre, Elia Tamayo Montes, no da por satisfecha la reparación del daño, aseguró el abogado ydefensor de derechos humanos, Simón Hernández León.

En diferentes ocasiones la madre de José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, quien falleció el 19 de julio de 2014 por el impacto de una lata de gas lacrimógeno, refirió que aún lucha por la justicia ya que si bien el gobierno estatal le ofreció casa, becas para sus hijas y despensas no le han ofrecido las disculpas públicas o reparado el daño moral.

Por la muerte de José Luis así como por las lesiones causadas a 14 habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció la recomendación 2VG/2014 con once puntos a cumplir por el gobierno estatal.

El 8 de julio de este año, en el primer aniversario de la agresión de Chalchihuapan, el organismo informó quela administración estatal sólo cumplió con seis de los once puntos, faltando sobre todo las sanciones claras para funcionarios públicos involucrados, las disculpas públicas y la reparación del daño moral.

Se pueden  fincar responsabilidades

Durante una entrevista telefónica, el ex colaborador del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro” (ProDH) dijo que si Elia Tamayo continúa en su calidad de víctima, puesto que no ha recibido justicia, las autoridades tienen la obligación de tomar medidas.

Abundó que la reparación del daño es un proceso integral y no sólo la compensación económica, de tal forma que medidas de satisfacción como las disculpas públicas, las garantías de la no repetición o restablecer el derecho humano violado son forzosas.

"Mientras la señora Elia siga en calidad de víctima, hay responsabilidad de distintos niveles del estado incluyendo al gobernador", abundó Hernández León.

Las medidas que puede adoptar la CNDH son instar al Senado a que cite a comparecer a los funcionarios involucrados para que señalen por qué no han cumplido con la recomendación, así como procedimientos administrativos o hasta penales contra quienes participaron de manera directa en la agresión pero también contra el gobernador por línea de mando.

Tendría que resolver esta administración

El defensor de derechos humanos expuso que la recomendación 2VG/2014 no es vinculante, es decir, no implica una responsabilidad sobre qué administración estatal tiene que cumplir con ella.

Por lo cual la siguiente administración estatal puede heredar el caso, puesto que falta menos de año y medio para que Rafael Moreno Valle deje la gubernatura.

Apuntó, sin embargo, que el mandatario estatal al admitir la recomendación que hizo la CNDH se comprometió a dar cumplimiento sin mayor dilación.

"Sí considero que es la administración de Moreno Valle la que tendría que responder y cumplir de manera exhaustiva e inmediata los puntos de la recomendación de la CNDH, porque estamos hablando de una recomendación por violaciones graves", dijo el integrante del Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

De igual forma la CNDH debería ser más insistente en el tema del cumplimiento, pero también en caso de que no sea cumplida se realicen los mecanismos que la propia Constitución prevé.