Los Contratos de Servidumbre de Paso por tierras poblanas involucradas en el proyecto Gasoducto Integral Morelos fueron puestos bajo llave por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), luego de que los transfiriera a la empresa mediante la Escritura de Transmisión de Propiedad y cesión de derechos en el fideicomiso número 2030.

En respuesta a una solicitud de información pública, 18164000067015, la CFE argumentó que la información de los más de mil contratos con propietarios poblanos no existe, pues aseguró que fueron trasladados al transportista denominado “Gasoducto Morelos SAPI, de C.V”, quien no es un sujeto obligado.

El fideicomiso 2030 tampoco figura en la página electrónica de la CFE, de manera que se desconoce el monto de los terrenos que fueron liquidados en la trayectoria del Gasoducto Morelos, que se extiende en 96.4 kilómetros e involucra a mil 115 predios.

En un comunicado que emitió la CFE en abril de 2014, informó que los contratos habían sido firmados con 940 propietarios de terrenos, es decir, el equivalente a 84.6 por ciento, y que 175 más estaban en trámite. "Lo anterior, demuestra el alto grado de aceptación del Proyecto del Gasoducto Morelos", señaló la paraestatal.

Según información oficial, el proyecto que inició en diciembre de 2013 y que incluye la trayectoria de un gasoducto de 172 kilómetros de longitud, cruzando los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala, busca dar respuesta a la creciente demanda de suministro de energía eléctrica de la población y de las empresas que se encuentran y que van instalándose en el centro del país, conforme a "la legislación ambiental, de seguridad y de transporte de gas natural vigentes".

Vicios de consentimiento y de voluntad

Patricia Montaño Flores, experta en litigios de megaproyectos y quien dirige la defensa de la instalación de otro Gasoducto en Tuxpan-Atotonilco, aseguró que los Contratos de Servidumbre de Paso, no significan la venta o expropiación de las tierras, sino la garantía de propiedad, de modo que sus dueños puedan usarlas a su conveniencia y para sus actividades cotidianas.

Aseguró que según la experiencia compartida por defensores y colegas los propietarios han otorgado permiso y firmado contratos con vicios de consentimiento y de voluntad, es decir, bajo presión, obligados a vender su propiedad bajo una lógica de hostigamiento y amenazas.

“Sabemos que los contratos de Servidumbre de Paso pasan por encima del estado de derecho, la ejecución se llevó a cabo con mentiras, amenazándoles con la presencia del Ejército o convenciéndoles de que serían objeto de presiones absolutas porque el proyecto es definitivo”, denunció

Sin embargo, la experta estableció que el hecho de que se hayan firmado los contratos, la empresa no es en absoluto dueña del subsuelo, por lo que prevé que podría existir una controversia legal, pues la empresa tendrá que cavar más de 20 metros para instalar los tubos del gasoducto.

Llamó al Estado mexicano a transparentar el ejercicio de los fideicomisos para conocer el financiamiento de la compra a los pequeños propietarios.