Habitantes y abogados de Cuacuila, en Huauchinango, denunciaron que el Juez Primero del Distrito les ordenó que publicaran unos edictos, que tienen un valor de más de 40 mil pesos, para hacer válida la suspensión definitiva del gasoducto de Gasomex.

Los pobladores consideran la orden del juez una artimaña porque el pueblo no tiene recursos para pagar las publicaciones.

En una rueda de prensa, la abogada Patricia Montaño Flores explicó que en el Artículo 1 constitucional y los tratados internacionales amparan a la comunidad indígena para que decidan sobre los proyectos que se harán en sus territorios.

Sin embargo, el juez no les está otorgando ese derecho, pues les solicitó que publiquen edictos en la prensa de circulación nacional.

"Nos parece injusto que se nos trate de igual, siendo una comunidad nahua, cuya principal actividad es el campo y que fue la razón por la cual no se obtuvieron los 40 mil pesos, también por lo cual se nos sobreseyó el amparo", explicó la representante legal.

Ante esa situación se interpuso un recurso de revisión, que se encuentra radicado en el Juzgado Primero de Distrito en Material de Procedimientos Penales Federales con el número 61/2015.

El gasoducto tiene una longitud de 300 kilómetros que pasa por los 24 municipios de Hidalgo, Puebla y Veracruz, para transportar gas propano entre la Terminal de Tuzpan, Veracruz, y la Terminal de Atotonilco, Hidalgo.

MIA no cumple con normativa

En tanto, Mayeli Sánchez Martínez, bióloga y asesora de Cuacuila, expuso que el gasoducto cruza por un área terrestre prioritaria, ya que son bosques mesófilos de montaña y dos áreas hidrológicas prioritarias.

"Estas áreas prioritarias fueron declaradas la Conabio (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) como espacios reservados, una obra de este tipo puede afectar seriamente este tipo de ecosistemas", dijo la especialista.

Estas zonas serán afectadas no sólo por el gasoducto, sino también por la construcción de caminos secundarios y obras de mantenimiento.

Además, el trazo del gasoducto afecta un preescolar y sitios arqueológicos protegidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La bióloga agregó que la duración de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) debe ser del mismo tiempo en que se planee la construcción del proyecto, sin embargo se le dio validez por 20 años pese a que la obra durará sólo dos años.

Si no hubiera este "error" en el tiempo de validez, la MIA del gasoducto ya hubiera vencido, refirió Sánchez Martínez.

En el estado, diferentes comunidades se oponen a la construcción de gasoductos además del que pasará por Cuacuila. En las faldas del volcán Popocatépetl los pueblos se oponen al Proyecto Integral Morelos (PIM), que llevará gas natural de Tlaxcala a Morelos pasando por 11 municipios poblanos.

Para frenar la colocación de tubería la comunidad de San Buenaventura Nealtican también interpuso un amparo, mismo que está en análisis.