El Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla (Fosyppue) pedirá a la CNDH que investigue el caso de espionaje a activistas por parte del gobierno estatal y dicte medidas cautelares, ya que la intervención de teléfonos y computadoras viola el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sobre el derecho a la privacidad.

Esta semana se dio a conocer que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, contrató los servicios de la empresa Hacking Team, especialista en la creación de programas para espiar a través de computadoras y teléfonos celulares, por más de 8 millones de pesos.

Uno de los servicios contratados es el “Sistema de Control Remoto Galileo”, de 155 mil dólares, una cantidad cercana a los 2.4 millones de pesos, que permite el acceso a correos, llamadas de voz o conversaciones de chat a través de un virus.

Entre los documentos filtrados de Hacking Team se encuentra el contrato celebrado por la empresa Grupo Kabat (alias de SYM Servicios Integrales S.A. y que fue enlace de la empresa italiana con el gobierno de Puebla), dirigido a su director general Div Yarimi, en el que se detalla el costo y la descripción de los servicios contratados para el cliente poblano.

Los activistas el Fosyppue indicaron a través de un comunicado que el espionaje es utilizado por parte del gobierno estatal para intimidar a los activistas y de los movimientos sociales que le generan preocupación.

Sin embargo, la intervención de los teléfonos y las computadoras violenta el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dice:

"Nadie será objeto de interferencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra ni a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales interferencias o ataques".

Por ello el Fosyppue solicitó la intervención de la CNDH para investigar el caso, pero también para dictar medidas cautelares a favor de sus integrantes.

Se debe transparentar información

De igual forma, el frente pidió que la Oficina del Gobernador transparente cuál fue el destino y utilidad pública los datos que obtuvo tras el espionaje a actores políticos, periodistas y activistas.

Al mismo tiempo que el Congreso local informe sobre si aprobó el uso de los recursos públicos para esta clase de actividades.

Cabe recordar que estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) detenidos el 5 de junio, esto por supuestamente participar en el ataque a las oficinas del INE, señalaron que sus teléfonos están intervenidos y que fueron espiados en sus domicilios por drones.

También la diputada Roxana Luna Porquillo dijo que presentará de manera oficial una denuncia penal contra el gobierno poblano por espionaje, esto después de que El Universal hiciera público un audio donde la diputada federal habla sobre la difusión que se hará del tema Chalchihuapan.