Por segunda vez, el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), exhortó al Tribunal Superior de Justicia y a la Procuraduría General de Justicia a atender el caso del feminicidio de Olga Nayely Sosa Romero ocurrido hace un año.

Mediante un punto de acuerdo presentado ayer por el senador Luis Sánchez Jiménez, a nombre de la diputada Roxana Luna Porquillo, subrayó que la entidad de Puebla es un lugar peligroso para las mujeres.

“El estado poblano está enfrascado en un aparato institucional machista, autoritario, patriarcal y represivo que no respeta la vida ni la dignidad de las mujeres, que viola sistemáticamente sus derechos humanos siendo omiso y negligente”.

Exhortaron  al titular de la Secretaría de Gobernación a tomar en consideración todos los indicadores disponibles sobre la violencia hacia las mujeres y que se declare la alerta de violencia de género en el estado de Puebla.

Caso Nayely

El pasado 9 de junio de 2014, Olga Nayely Sosa Romero fue reportada como desaparecida en la ciudad de Puebla. El 18 de junio, sus restos fueron encontrados enterrados en la comunidad de Soto y Gama, en el municipio de Huaquechula. Moisés Torres López, su esposo, confesó el asesinato después de haber caído en contradicciones en sus declaraciones ante agentes de la policía ministerial.

Moisés Torres López refirió que su padre, Moisés Torres Monroy, le ayudó a limpiar la escena del crimen por lo que existe también una averiguación previa (AP 410/2014) iniciada en la agencia especializada en la investigación de personas desaparecidas para determinar la participación de otras personas en el feminicidio de Olga y en posteriores actos de encubrimiento. Pese a esto, Moisés Torres Monroy encabezó una lucha por la custodia de la pequeña, hija de Nayely, corrompiendo al sistema judicial, reconoce el punto de acuerdo.

Alejandra Sosa Romero y su madre, Argelia Romero Cinto, además de hacer frente a la pérdida de Olga, emprendieron una lucha para obtener la guarda y custodia de la niña. Después de un largo peregrinar en un proceso envuelto en irregularidades que parecieron agudizarse por el lazo familiar existente entre el feminicida Moisés Torres López y el magistrado Manuel Nicolás Ríos Torres (tío del culpable), a la fecha obtuvieron la custodia compartida con la madre de Moisés, Elsa López Huerta.

Hasta el momento no existe sentencia para el esposo de Olga Nayeli, por lo que los diputados exhortaron al Tribunal Superior de Justicia de Puebla, a través del Juzgado 8o. de lo Penal a que emita una sentencia acorde con los derechos humanos de las mujeres reconocidos por el orden jurídico nacional y los tratados internacionales, en el caso del asesinato de Olga Nayely Sosa Romero.

Por segunda vez, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhortó a los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, a elaborar un diagnóstico respecto a las desapariciones de mujeres para identificar las zonas de riesgo y el perfil de mujeres con mayor vulnerabilidad, para llevar a cabo estrategias de prevención, investigación y sanción.

Además, pidió a la Procuraduría General de Justicia de Puebla continuar con las investigaciones sobre la participación de Moisés Torres Monroy, en el asesinato de Olga Nayely Sosa Romero y en cualquier conducta ilegal posterior a dicho acontecimiento.

Puebla, un estado peligroso

En el punto de acuerdo se cita que en los últimos 25 años han existido más de 34 mil feminicidios. Siete feminicidios diarios, tres mujeres son desaparecidas al día y una mujer es violada cada cuatro minutos en México.

“Todo esto ocurre en el marco de la complicidad, negligencia y complacencia del sistema de procuración e impartición de justicia, del sistema de educación; es decir, de todo el sistema patriarcal que ha marcado a nuestra estructura institucional”.

Legisladores consideran que el desprecio por la vida de las mujeres pareciera una constante del sistema político mexicano, especialmente, el de Puebla.

Refieren que aunque en 2012 el feminicidio fue tipificado como delito en el estado; no obstante, en 2014, sólo se emitió una sentencia por feminicidio, demostrando el intento del sistema de procuración de justicia poblano, de ocultar estos crímenes.