Con 40 votos a favor, el pleno del Congreso aprobó la iniciativa de Ley de Protección de Datos Personales que presentó la panista Josefina Buxadé Castelán, la cual obliga a las oficinas gubernamentales a no hacer públicas las bases de datos de los ciudadanos que son beneficiarios de los programas sociales.

El ordenamiento legal contempla como sujetos obligados al Poder Ejecutivo, las dependencias estatales, al Congreso, al Poder Judicial, los tribunales, los ayuntamientos y sus dependencias, así como a los partidos políticos y órganos constituidos como autónomos.

En el caso de las dependencias gubernamentales, la ley establece que deberán crear un “sistema de datos personales” que no podrá ser manipulado ni transferido, además de que deberá ser destruido una vez que la información haya sido utilizada.

La ley de Protección de Datos Personales plantea sanciones para los funcionarios públicos que comentan infracciones, con lo cual podrán ser castigados desde una amonestación pública o privada hasta con 12 años de inhabilitación para el servicio público.

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