La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para solicitar al gobierno del estado y al ombudsman Luis Raúl González Pérez un informe sobre el cumplimiento de la recomendación emitida por el caso Chalchihuapan y los activistas detenidos por el Gasoducto Morelos.

El punto fue promovido por la senadora perredista Dolores Padierna Luna y aprobado por nueve de los 13 integrantes de la Comisión, entre los que se encuentran tres panistas, correligionarios del gobernador Rafael Moreno Valle: Adriana Dávila Fernández, Rosa Adriana Díaz Lizama y Mariana Gómez del Campo.

Quienes no votaron ni a favor, en contra o en abstención, fueron Mónica Arriola Gordillo, Layda Sansores Sanromán, Roberto Gil Zuarth y Pablo Escudero Morales.

La determinación de los senadores se dio a conocer esta semana y se enlistó en la sesión del 28 abril, previo a la reunión que sostendrá este jueves el encargado de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Benito Cruz Bermúdez, con diputados federales para responder por el caso de San Bernardino Chalchihuapan y los presos políticos en la entidad .

Cabe señalar que además este miércoles el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reveló que Puebla aún debe una disculpa pública a las víctimas del desalojo policiaco de julio pasado .

Piden informe sobre el caso “Chalchihuapan”

El documento aprobado requiere a la administración estatal que emita un informe sobre el cumplimiento de la recomendación 2VG/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que preside González Pérez, emitió el 11 de septiembre del año pasado, cuando comprobó que policías municipales incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos cuando desalojaron de una protesta a pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan.

El hecho ocurrió el nueve de julio de 2014, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) desalojaron con lujo de violencia a centenares de pobladores de esa comunidad que bloqueaban la autopista Puebla-Atlixco, hecho en el que resultaron heridos pobladores y recibió un golpe fatal José Luis Tehuatlie Tamayo, quien tenía 12 años de edad.

En su recomendación, el organismo protector de los derechos humanos solicitó al gobierno del estado una investigación sobre los responsables del asesinato, así como ofrecer una disculpa pública a los pobladores afectados, indemnizar a las víctimas, crear una fiscalía que atendiera el caso y establecer sanciones a los responsables, entre ellos, el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas.

El planteamiento legislativo refiere que puesto que la CNDH comprobó violaciones graves a las garantías individuales de los pobladores, tales como el derecho a la vida, a la libertad de reunión, seguridad, integridad personal, legalidad y trato digno, es oportuno solicitar un informe de la recomendación que se emitió hace siete meses.

Recomendación sigue sin cumplirse: CNDH

Es oportuno recordar que durante una visita que este miércoles realizó el titular de la CNDH a la Cámara de Diputados, reconoció que el gobierno que encabeza Rafael Moreno Valle no ha cumplido con identificar a los responsables, ofrecer una disculpa pública y concluir la averiguación previa del caso.

CNDH deberá informar sobre opositores al Gasoducto Morelos

En otro punto, el resolutivo del órgano del Senado solicita a la CNDH un informe sobre el avance que tienen las investigaciones por violaciones a los derechos humanos de activistas opositores al Proyecto Integral Morelos y que han sido aprehendidos por el gobierno del estado.

La Comisión retomó los expedientes de los activistas Enedina Rosas Vélez, Erasmo Ruiz Mota, Erasmo Ruiz Quintero, Juan Carlos Flores Solís, Abraham Cordero Calderón y Avelino Velázquez Tapia.

Entre los tipos de violaciones a los derechos humanos de los opositores destacan: agresiones físicas, allanamientos, robo, hostigamiento y detención arbitraria.

La construcción del gasoducto, que formalmente se denomina como “Proyecto Integral Morelos”, se ubica en los en los estados de Tlaxcala, Puebla y Morelos, con una longitud total de 158 kilómetros.

En el caso de Puebla atraviesa un total de 11 municipios en donde habitan 407 mil personas.

Para la ejecución de los trabajos, las empresas españolas Elecnor, Abengoa, Enegás y Bonatti tienen en juego una inversión de 3 mil 510 millones de pesos.

Una vez que se aprobó en la Comisión de Derechos Humanos, el resolutivo ya fue turnado al pleno del Senado para su análisis.