La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostuvo que en casos "relevantes" y "altamente sensibles", como el de Chalchihuapan en el estado de Puebla, se debe garantizar la reparación del daño de manera completa a las víctimas, adoptar medidas para que los casos no se repitan y asegurar el derecho a la verdad para las familias de los agraviados.

Con motivo del “Día Internacional para el Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas”, la CNDH señaló en un comunicado de prensa que el derecho a la verdad "se configura como un pilar fundamental para combatir la impunidad y constituye un mecanismo de justicia indispensable para todo Estado democrático, pues coadyuva a la no repetición de dichos actos violatorios".

Este concepto se refiere al derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres queridos, agraviados en sus garantías individuales.

El organismo recordó que existen casos en los que, por su relevancia, es prioritario hacer efectivo el derecho a la verdad, como la desaparición de los normalistas rurales en Iguala, Guerrero; la ejecución extrajudicial en Tlatlaya, estado de México, y el desalojo violento de manifestantes en San Bernardino Chalchihuapan, Puebla, los cuales se tipificaron como violaciones graves a derechos humanos.

El 9 de julio de 2014 pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla-Atlixco para protestar contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal, por la cual se retiró el registro civil de la comunidad. La policía estatal dispersó a los manifestantes con violencia y disparó una lata de gas lacrimógeno contra José Luis Tehuatlie Tamayo, de 13 años de edad, quien por el impacto falleció diez días después del incidente .

Se debe reparar el daño

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos también refirió que para las situaciones de gravedad y relevancia prioritaria se tiene que garantizar no sólo el acceso a la verdad, sino también que los responsables de dichos actos den cuenta de sus actos ante la ley.

En el caso de Chalchihuapan, la CNDH determinó que son 14 personas las que son sujetas a recibir una indemnización del estado, incluidos los familiares del menor que murió por los actos de la Policía Estatal.

En el caso de Chalchihuapan, la propia CNDH reconoció que el gobierno estatal ha dado cumplimiento parcial a las once recomendaciones incluidas en el expediente 2VG/2014, entre las que se solicita hacer una investigación imparcial de los hechos, ofrecer una disculpa pública a los afectados, indemnizarlos y capacitar al personal policiaco.

Hasta ahora, Elia Tamayo Montes, la madre de José Luis, y Martín Romero Montes, quien recibió el impacto un proyectil en la mandíbula, refirieron que el gobierno del estado no les ha reparado el daño sufrido.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos "Miguel Agustín Pro", la reparación del daño no sólo consiste en la entrega de dinero, sino también medidas de rehabilitación física y sicológica de por vida, disculpas públicas, becas u otros apoyos, así como reparación del daño moral.

Gobiernos tienen que acatar la ley

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reiteró que se mantiene atenta  de la actuación de las autoridades en esos casos, exige que se apeguen a derecho y se eviten nuevas violaciones a derechos fundamentales.

"Las condiciones en que se generaron (los casos ya citados) y las características con las que se desarrollaron, hacen que nadie pueda resignarse o mantenerse indiferente ante ellos. Nuestra sociedad demanda y tiene derecho a conocer la verdad de esos hechos, así como a exigir que se haga justicia", sostuvo el organismo.

Asimismo reconoció que el esclarecimiento de los hechos y el rescate de la memoria de las víctimas coadyuva en buena medida a la consolidación de los valores democráticos en la sociedad.