El ex dirigente el PRI, Pablo Fernández del Campo aseveró que el gobierno del estado está obligado a liquidar a los 500 trabajadores que fueron despedidos de áreas como el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Puebla (CECAP) y la Secretaría General de Gobierno (SGG), bajo el argumento del recorte presupuestal.

Aunque el legislador señaló que la salida de los burócratas puede justificarse ante el déficit presupuestal, la administración que encabeza Rafael Moreno Valle está obligada a cumplir con lo que marca la ley en lo referente al despido de personal.

“Me parece que en esta caso siempre tiene que haber la aplicación estricta de la ley, un despido siempre es lamentable para la persona que lo sufre, para su familia toda vez que afecta el patrimonio que afecta el ingreso, sin embargo si se llegara a justificar por parte de quien se despidió que era necesario hacer estos despidos se tiene que hacer en término de la ley”,  apuntó.

Por su parte, la coordinadora de la bancada del PRI, Silvia Tanús Osorio indicó que el gobierno debe de “reconsiderara” la destitución de los trabajadores, quienes tienen entre 25 y 30 años de servicio.

La recisión de los empleados sindicalizados contrasta con la contratación de Diódoro Carrasco Altamirano como representante del Gobierno de Puebla en el Distrito Federal, designación que el lunes pasado formalizó el ejecutivo estatal.

Ayer, medio millar de empleados, en su mayoría adultos mayores, fueron notificados sobre su despido y que se les entregaría el finiquito que les correspondería por los años de servicio en la administración pública.

Los afectados son trabajadores sindicalizados que pertenecen al CECEAP, el Registro Civil, Protección Civil y el Archivo General, áreas que dependen de la Secretaría General de Gobierno.

Aunque el gobernador Rafael Moreno Valle anunció que se aplicarían medidas para ahorrar en el gasto administrativo y que así no se recurrieran al despido de personal, la destitución de los 500 burócratas contradice a lo dicho por el mandatario.

A la salida de los sindicalizados podría sumarse los cambios que se darán en la Secretaría de Transportes (ST), la cual se fusionó con la Secretaría de Infraestructura (SI), acción que tendría como consecuencia el despido de mandos medios y superiores, la supresión de subsecretarías, así como la desaparición de las unidades jurídicas y administrativas de la primera dependencia.

Lo anterior fue declarado por el diputado Eukid Castañón Herrera (PAN), quien el 27 de febrero pasado confirmó que la reestructura en la administración pública afectaría a los trabajadores de la ST, dependencia que estuvo a cargo de Bernardo Huerta Cuottolenc, hoy rector de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP).