El gobierno del estado revocaría las concesiones a otros 30 transportistas investigados por falsificación de documentos y otras irregularidades, aseguró el exsecretario de Transportes, Bernardo Huerta Couttolenc, tras el arresto de los tres principales concesionarios del corredor de la 11 norte-sur por el mismo delito.

Durante una entrevista, el ahora rector de la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) dijo que antes de dejar la Secretaría de Transportes (ST), al aprobarse en el Congreso local la fusión de la dependencia con Infraestructura, denunció ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) a 30 concesionarios por el delito de falsificación de documentos.

"Es una causal de revocación, por supuesto que está prevista en la Ley de Transporte", expuso el exfuncionario estatal sobre si dichas denuncias podrían desembocar en un retiro de concesión.

Las revisiones de los títulos de transporte público se habrían realizado durante el proceso de reemplacamiento, mismo que concluyó el 17 de septiembre del año pasado.

Este sábado la PGJ detuvo a Ángel Sierra de la Rosa, José Alfredo Sierra Rosete y Rosalina Carpinteyro, quienes poseen 117 concesiones en las rutas San Ramón 4ta Sección-CAPU, Malacatepec-CAPU, San Ramón-Central de Abasto, Barrio de San Nicolás Azumiatla y Galgos del Sur.

Los detenidos son los principales permisionarios del derrotero de la 11 norte-sur, donde operará probablemente a partir del 26 de marzo la segunda troncal de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), al que ellos se opusieron y presentaron amparos.

Normativa contempla cese definitivo

En el reglamento de la Ley de Transportes del estado de Puebla se menciona, en el artículo 103, que las concesiones pueden ser revocadas por "cometer un hecho delictuoso relacionado con el carácter de concesionario, previa sentencia ejecutoriada".

Así como "por haber presentado el concesionario, documentación falsa o alterada para la obtención de la concesión, así como cualquier trámite relacionado con la misma, para la prestación del Servicio Público de Transporte y sin perjuicio de consignar el hecho al Ministerio Público correspondiente".

Sin embargo, en la normativa también se establece que la ST debe informar de manera personal al concesionario del retiro de permiso, así como el transportista tiene cinco días hábiles para la presentación de pruebas y 20 días hábiles más para el desahogo de las indagatorias.

Asimismo los inconformes pueden presentar un recurso de inconformidad, que se tiene que resolver en un lapso de 25 días hábiles.

Los concesionarios a los cuales se les revoque la concesión están imposibilitados para gestionar un nuevo permiso.