Ministros de la SCJN, peor calificados que alcaldes
El trabajo que realizan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no cuenta con la aprobación de la mayoría de los mexicanos y se coloca por debajo del respaldo con el que cuentan los gobernadores, el Instituto Nacional Electoral (INE), un presidente municipal o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Así lo revela la encuesta más reciente de Parametría, la cual indica que cuatro de cada 10 mexicanos, 39%, aprueba la forma en que los ministros de la Corte realizan su trabajo, mientras que el mismo porcentaje respondió en sentido contrario.
Al evaluar el desempeño de las autoridades, la encuesta establece que 63% de las personas aprueba poco o mucho el trabajo del gobernador, 52% respalda la labor de los consejeros del INE, 49% está a favor del trabajo del presidente municipal y 42% considera bueno el desempeño de los integrantes del TEPJF.
Al revisar la serie histórica de la aprobación de los ministros de la Corte, la cual comenzó hace casi 10 años, Parametría indica que la opinión de la gente ha variado año con año.
Los datos de Parametría señalan que los niveles más altos de desaprobación del actuar de los ministros de la SCJN se presentaron en septiembre de 2008, cuando la Corte determinó que no era institucional la reforma del código penal del Distrito Federal que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación
En marzo de 2013, 47% de las personas encuestadas desaprobó la labor de los ministros, luego de que la Primera Sala de la Suprema Corte decidió liberar a la francesa Florence Cassez, quien había sido condenada a 60 años de prisión por el delito de secuestro.
En contraste, los niveles más altos de aprobación se registraron en agosto de 2010. Uno de los acontecimientos que sucedieron cercanos a esas fechas fue la liberación de las indígenas Teresa González y Alberta Alcántara, en abril de 2010.
Las mujeres fueron detenidas en 2006 por presuntamente secuestrar a seis agentes federales. Cuatro años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que hubo inconsistencias en el proceso que condujo a su detención y ordenó su libertad.