¿Qué tanto le costó al PRI la complicada aprobación de Eduardo Medina Mora como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Todo indica que mucho. Entre las condiciones que pidieron los panistas y que aceptaron el PRI y el gobierno de Peña Nieto estarían la impunidad para el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, acusado de corrupción, y el triunfo del PAN en los comicios por la gubernatura sonorense de junio próximo.

La versión sale directa del Senado y la confirman senadores tanto del PRI como del PAN que pidieron el anonimato: que en las intensas negociaciones políticas que se llevaron a cabo entre las dos bancadas para sacar la polémica aprobación de Medina Mora, el tema de Sonora salió a relucir, justo cuando el día que el diario The Wall Street Journal divulgó una nota de su corresponsal en México, José Córdoba, en la que afirmaba que “el gobierno mexicano abrió una investigación” contra el gobernador Padrés y su hermano Miguel Padrés “por supuestamente recibir millones de dólares de un empresario ligado a compañías que ganaron contratos del gobierno”, según documentos revisados por el diario.

Justo ese jueves 5 de marzo que se difundió la noticia del WSJ, estaba previsto que se votara la designación del nuevo ministro, pero una noche antes el PAN comenzó a presionar con varias condiciones entre las que estaba el caso de Sonora, tanto la elección como la investigación de la Secretaría de Hacienda hacia Guillermo Padrés, además de otras condiciones como la aprobación de leyes como la de Transparencia. La noche de ese jueves, después de intensas negociaciones entre las cúpulas de las bancadas del PRI y el PAN, en las que participaron personajes de Los Pinos y la Secretaría de Gobernación, finalmente se aprobó en comisiones el dictamen que declaraba elegibles a los tres candidatos propuestos por el presidente Peña Nieto, y quedó sellado esa noche el acuerdo político para aprobar a Medina Mora.

El voto de los senadores del PAN, decisivo para lograr la mayoría de dos terceras partes que ayer votaron la designación junto con la bancada del PRI y del PVEM, se encareció conforme crecieron la polémica y el rechazo en la opinión pública hacia el ex procurador General de la República. El primer síntoma del acuerdo político que incluyó la impunidad para Padrés fue el silencio total que guardó el gobierno federal sobre las revelaciones hechas por el WSJ en las que se aseguraba que “según la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera” de Hacienda, el empresario Mario Aguirre habría pagado 20 millones de dólares al año a Miguel Padrés para proveer uniformes escolares a los niños de las escuelas públicas del estado.

“La investigación de la Secretaría de Hacienda sostiene que el hermano del gobernador de Sonora, Miguel Padrés, transfirió US$5,7 millones a una cuenta bancaria en EU que abrió en 2012, a nombre de Tenerife CV, una firma de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente es el único beneficiario. Miguel Padrés también depositó US$522.000 en otra cuenta en EU abierta por su hermano en 2011, a nombre de Dolphinius CV, otra sociedad de responsabilidad limitada con sede en Holanda en la que supuestamente él es el único beneficiado. En total, Padrés transfirió US$8,9 millones de cuentas de México a cuentas en bancos en EU desde que su hermano subió a la gobernación en 2009”, decía el diario estadunidense en su publicación.

Ni la PGR ni la Secretaría de Hacienda emitieron opinión alguna ni confirmaron ni desmintieron la información, que sólo fue desmentida por un vocero del gobierno de Sonora, de nombre Jorge Morales, quien dijo a Ciro Gómez Leyva, de Grupo Fórmula, que “es falso de toda falsedad, diría un clásico de por acá”, mientras el PAN se encargaba también de negar la información. El silencio total del gobierno federal parecía confirmar la versión que para entonces cobraba forma en el Senado: que Eduardo Medina Mora, impugnado por la opinión pública con más de 54 mil firmas de rechazo y con severos cuestionamientos sobre su actuación pública, sería nombrado ministro con los votos del PAN y el PRI, tal como ocurrió ayer en accidentada sesión, y que los panistas compraron la impunidad para su corrupto gobernador de Sonora y un eventual triunfo de su candidato Javier Gándara en la elección estatal. Diría el clásico: Al tiempo.

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