La causa de los derechos humanos sólo será realmente viable en un Estado de derecho efectivo y consistente, afirmó el Ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien destacó que no basta con tener buenas leyes, sino que éstas se respeten y hagan cumplir.

Subrayó que para construir un Estado de derecho basado en el imperio de la ley y los derechos humanos, se requiere de un cambio en que los individuos, independientemente de cualquier otra condición, se respeten a sí mismos, a sus semejantes y las leyes.

Al dirigir un mensaje en el marco del Tercer Informe de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, que preside la senadora Angélica de la Peña, González Pérez señaló que los derechos conllevan obligaciones, como la responsabilidad de que cada quien cumpla con sus tareas.

Tras reconocer el trabajo de la Comisión de Derechos Humanos del Senado en favor de México, subrayó la labor de su presidenta, especialmente en apoyo de las mujeres, adolescentes, niñas y niños.

“Es incansable su vocación orientada a lograr la plena igualdad económica y política entre los géneros y para desterrar por completo la violencia que aún lacera el desarrollo personal de muchas mujeres”, aseguró.

Al referirse a la reforma constitucional del 10 de junio de 2011 como la más trascendente que ha tenido nuestra Constitución en la materia, recordó que se han requerido grandes ajustes a las leyes secundarias, que las armonicen y hagan viables, demandando un arduo trabajo legislativo para alcanzar la calidad técnica que brinde certeza jurídica al gobernado y a las autoridades a quienes van dirigidas.

Puso en relieve que la etapa transicional que vivimos en materia de derechos humanos, ha tenido entre sus objetivos colocarlos en el centro de la administración, para que orienten todos los mandatos y políticas de Estado, al hacer explícita la obligación de todas las autoridades de someter sus actos a su estricto cumplimiento.

El Presidente de la CNDH destacó la importancia de que el Organismo nacional y el Senado de la República trabajen conjuntamente en la elaboración de los proyectos de las Leyes Generales en Materia de Desaparición Forzada y sobre Tortura, lo que contribuiría a fortalecer las bases para enfrentar esos problemas, además de cumplir con los compromisos contraídos con organismos internacionales.