Los secretarios General de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, y Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, así como el Procurador Víctor Carrancá Bourget, mintieron durante sus comparecencias porque sí existen presos políticos en Puebla, y a que el caso Chalchihuapan está lejos de cerrarse, manifestaron en una rueda de prensa integrantes del Movimiento por la Alternativa Social (MAS).

El viernes pasado comparecieron ante el Congreso local los tres funcionarios estatales. Maldonado Venegas rechazó en su oportunidad la existencia de presos políticos y mencionó que sólo existen personas procesadas por cometer delitos; mientras que el tema del desalojo violento de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan el pasado 9 de julio, donde resultó herido de muerte el niño José Luis Alberto Tlehuatle Tamayo, no fue tocado a fondo por ninguno de los secretarios.

Sí existen presos políticos

Marco Antonio Mazatle Rojas, vocero del MAS, comentó que desde la llegada de Rafael Moreno Valle Rosas a la gubernatura se vive un ambiente de ingobernabilidad y represión contra los ciudadanos, motivo por el cual más de 128 personas han sido arrestadas por oponerse a los proyectos gubernamentales, incluso algunos de ellos, como Delfino Flores Melga, perecieron en prisión.

Por ese motivo consideró que las declaraciones de Maldonado Venegas son falsas, además son contradictorias, porque un día antes de comparecer ante los legisladores retomó las negociaciones con el Frente de Organizaciones Políticas y Sociales (FOSYP) para liberar a varios presos de conciencia.

Aseguró que también el titular de la Secretaría General de Gobierno es responsable de la muerte de José Luis, porque impulsó la reforma a la Ley Orgánica Municipal, misma que quitó atribuciones a las juntas auxiliares, motivo por el cual pobladores de Chalchihuapan cerraron la autopista Puebla-Atlixco y luego fueron desalojados con lujo de violencia.

Culpables por caso Chalchihuapan

Carrancá Bourget -dijo Mazatle Rojas- es culpable de falsear las pruebas acerca del fallecimiento del menor, pues quiso probar mediante la utilización de cabezas de cerdos congeladas que fue un cohetón y no una lata de gas lacrimógeno lo que causó la herida mortal, la versión fue desmentida después por la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Precisó que Rosas Rosas fue quien dirigió el operativo fallido del 9 de julio, mismo que derivó en la recomendación 2VG/2014 por violaciones graves a derechos humanos contra al menos 14 pobladores de la junta auxiliar de Ocoyucan.

El funcionario estatal además tiene otra recomendación por violaciones graves a los derechos humanos, esto por la muerte de dos estudiantes de la normal rural "Raúl Isidro Burgos" en Ayotzinapa, Guerrero, durante un desalojo en la autopista del Sol en 2011.

El abogado Hilario Gallegos comentó en ese sentido que a pesar de que las autoridades estatales den como cumplida la recomendación 2VG/2014, la CNDH aún no da por cerrado el caso porque no hay reparación del daño e, incluso, la madre de José Luis, la señora Elia Tamayo, se encuentra en Paraguay donde la organización Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores (Molacnats) le rinde un homenaje a su hijo.

Para los miembros del MAS, además del cumplimiento con los once puntos de la recomendación, los tres integrantes del gabinete morenovallista deben renunciar y ser investigados por su responsabilidad en los hechos.

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