El juicio que interpusieron los vecinos de la unidad habitacional La Margarita para defender el predio de la manzana 36, en el cual se pretendía construir un Walmart, podría extenderse hasta por dos años y medio más, informó René Sánchez Galindo, abogado de los colonos.

Recordó que el recurso que presentaron los habitantes de La Margarita fue una “acción colectiva”, la cual si bien tiene elementos parecidos al amparo sigue procedimientos diferentes y, al ser una nueva modalidad de juicio, todavía no se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo tanto podría durar el mismo.

En caso de que las partes involucradas, esto es los vecinos y la dirección del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT), lleguen a una conciliación, el conflicto podría quedar resuelto en seis meses. De lo contrario sería hasta finales del 2015 cuando se llegue a una resolución.

Esto lo dio a conocer antes de la reunión que sostendría con los 30 vecinos que firmaron la acción colectiva, ante quienes rindió un informe sobre los avances alcanzados en los últimos seis meses dentro del juicio.

Sánchez Galindo señaló que algunos de los logros obtenidos durante los últimos meses son la obtención de la medida cautelar que blinda el predio de 2.5 hectáreas en disputa ante cualquier intervención, ya sea por parte del INFONAVIT o el ayuntamiento de Puebla, hasta en tanto no se resuelva el juicio, el reconocimiento legal de Guillermo Espinosa como representante de los colonos en el proceso legal y la entrega de copias certificadas de las escrituras de los 30 firmantes de la demanda colectiva.

Si bien desde el pasado 20 de junio el Juzgado Primero de Distrito otorgó la orden de cesasión de actividades en el predio en cuestión, con lo cual se prohíbe a cualquiera de las partes involucradas en el juicio tomar acciones en este terreno, no se ha podido dar vista de esta notificación judicial al Registro Público de la Propiedad.

Esta determinación obedece a que no existen escrituras de la manzana 36, por lo que no se ha podido hacer efectiva esta medida ante dicha instancia; sin embargo, Sánchez Galindo explicó que se buscará que la orden del juez sea apuntada como una nota extra a las escrituras de toda la unidad habitacional, con lo cual no sólo los involucrados en el juicio estén imposibilitados de intervenir en el terreno, sino que también se blinde el mismo hacia terceros.